Lima enfrentará a Brookfield tras fallo adverso

Alcalde Rafael López Aliaga anuncia “contraataque” en EE.UU. tras revés judicial por caso Rutas de Lima

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Brookfield gana arbitraje: Lima deberá pagar 200 millones de dólares

La Municipalidad Metropolitana de Lima enfrenta una millonaria indemnización tras perder una apelación judicial en Estados Unidos. La Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó dos laudos arbitrales a favor de la empresa Brookfield, matriz de Rutas de Lima, por un monto cercano a los 200 millones de dólares. El conflicto surge del contrato de concesión firmado en 2013 durante la gestión de Susana Villarán, el cual, según la comuna limeña, fue resultado de actos de corrupción.

No obstante, el tribunal estadounidense rechazó los argumentos de la municipalidad. En su fallo, concluyó que no hay pruebas suficientes que vinculen los sobornos admitidos por Odebrecht con la firma o modificaciones del contrato de concesión, ni con las decisiones tomadas por los tribunales arbitrales.

Alcalde culpa a la justicia peruana por falta de sentencia

El alcalde Rafael López Aliaga atribuyó parte del fracaso judicial a la falta de una sentencia firme en Perú que respalde las acusaciones de corrupción. Según explicó, han pasado casi ocho años desde que se inició el proceso penal contra Susana Villarán y aún no se inicia el juicio oral. Esto, sostiene, limita la posibilidad de revertir decisiones judiciales en el extranjero.

“La justicia en Perú ha sido extremadamente lenta. Sin una sentencia firme, ninguna corte internacional aceptará que hubo corrupción en el contrato”, manifestó el burgomaestre.

Estrategia de contraataque en tribunales de Estados Unidos

En respuesta, la Municipalidad de Lima ha emprendido una nueva estrategia legal fuera del país. López Aliaga anunció que iniciarán procesos en EE.UU. para cuestionar la compra de Rutas de Lima por parte de Brookfield, la cual, asegura, se dio mientras Marcelo Odebrecht ya estaba preso por corrupción en Brasil. “Eso en cualquier parte del mundo se llama lavado de activos”, afirmó.

El objetivo es demostrar que Brookfield no actuó de buena fe al adquirir la concesión. Según López Aliaga, se ha solicitado a la firma canadiense la presentación de documentos que prueben cómo se autorizó la operación pese a los antecedentes penales de Odebrecht.

Cambios en la defensa legal y críticas a gestiones anteriores

López Aliaga también criticó las decisiones de administraciones municipales pasadas. Señaló que el exalcalde Jorge Muñoz contrató un estudio de abogados que presuntamente representaba también a Brookfield. Esto, según el actual alcalde, representó un claro conflicto de interés. “¿Cómo se puede confiar en una defensa así? Ya cambiamos ese equipo legal”, aseguró.

Demandas paralelas contra Brookfield y Odebrecht

Además de la apelación obligatoria ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la Municipalidad de Lima ha presentado demandas adicionales contra Brookfield y Odebrecht. El objetivo es impedir el pago de la indemnización mientras se evalúa la legalidad de la transacción.

En el caso de Odebrecht, López Aliaga recordó que la empresa ya fue sancionada en EE.UU. con una multa de 3.500 millones de dólares por prácticas corruptas, lo cual podría fortalecer su argumentación si logran establecer una conexión directa con la concesión de Rutas de Lima.


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