Rafael López Aliaga responde a Brookfield por exigir el pago de 2.700 millones de dólares y asegura que no pagarán la demanda

Rafael López Aliaga responde a Brookfield por exigir el pago de 2.700 millones de dólares y asegura que no pagarán la demanda

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha rechazado las demandas de Brookfield Asset Management, uno de los principales gestores de inversiones a nivel global, que ha iniciado un arbitraje internacional contra el Perú exigiendo una compensación de más de 2.700 millones de dólares. La empresa canadiense argumenta que el Estado peruano ha expropiado tramos viales a través de medidas estatales y ordenanzas municipales, lo que ha afectado su capacidad para operar y generar ingresos.

La disputa comenzó luego de que el Tribunal Constitucional de Perú suspendiera el cobro de peajes en la zona de Lima Norte, considerándolos ilegales debido a que vulneraban el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. Brookfield, que gestiona la concesión de Rutas de Lima, asegura que esta decisión y otras acciones del gobierno local han perjudicado su inversión, lo que justifica su demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá.

En una entrevista con Cuentas Claras de Canal N, López Aliaga defendió la postura de la Municipalidad de Lima y aseveró que el reclamo de Brookfield carece de fundamento. El alcalde explicó que el Tribunal Constitucional falló a favor de los ciudadanos y declaró ilegítimo el cobro de los peajes en la Panamericana Norte. Además, cuestionó la validez del contrato de concesión de Rutas de Lima, asegurando que podría ser nulo debido a presuntas irregularidades en su origen.

López Aliaga también recordó que si se confirma una sentencia contra la exalcaldesa Susana Villarán por corrupción, el acuerdo con Rutas de Lima perdería cualquier respaldo legal. “Estamos ante un contrato corrupto que debe ser anulado”, afirmó tajantemente.

Brookfield y su demanda ante el CIADI

La demanda presentada por Brookfield en diciembre de 2024 busca que el Estado peruano compense a la empresa por lo que considera una expropiación de tramos concesionados y la eliminación del cobro de peajes, lo que según la compañía canadiense constituye una confiscación injusta de su inversión. Esta disputa se desarrolla bajo el marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, lo que implica que, si el Perú pierde el arbitraje, podría enfrentarse a sanciones.

Consultado sobre los arbitrajes previos perdidos por la Municipalidad de Lima en 2020 y 2022, López Aliaga explicó que esos procesos fueron iniciados durante administraciones anteriores y que su gobierno ha decidido apelar. «El arbitraje fue pactado dentro de un contrato corrupto hecho por Odebrecht. Es imposible ganar en esas condiciones, por eso nuestra estrategia es salirnos de ese arbitraje», afirmó el alcalde.

La postura de la Municipalidad de Lima

López Aliaga reiteró que su administración no fue responsable de la eliminación de los peajes, sino que simplemente ha acatado el fallo del Tribunal Constitucional. En este contexto, rechazó que el Estado deba asumir alguna indemnización y reafirmó que su gestión prioriza los intereses de los ciudadanos.

El fallo del Tribunal Constitucional

En marzo de 2024, el Tribunal Constitucional de Perú emitió una resolución que suspendió el cobro de peajes en el distrito de Puente Piedra, en Lima Norte, hasta que se construya una vía alternativa. El tribunal argumentó que el cobro del peaje limitaba el derecho al libre tránsito de los habitantes de la zona y de los conductores que utilizan la Panamericana Norte.

Esta decisión generó el rechazo de la concesionaria Rutas de Lima y de Brookfield, quienes argumentaron que la medida ponía en riesgo la estabilidad del contrato de concesión y la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en el país. No obstante, desde la Municipalidad de Lima, se insistió en que la sentencia del Tribunal Constitucional debe ser respetada y que los peajes establecidos bajo condiciones irregulares no pueden seguir vigentes.