Guatemala formaliza su salida de la Corte Centroamericana de Justicia: ¿qué significa?

El gobierno de Bernardo Arévalo oficializó la salida de Guatemala de la Corte Centroamericana de Justicia, luego de que Nicaragua, Honduras y El Salvador abandonaran el organismo regional

El gobierno de Guatemala, encabezado por Bernardo Arévalo, formalizó este viernes su salida de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), argumentando que la retirada previa de otros países dejó sin sustento jurídico la continuidad del organismo regional.

La decisión quedó establecida en el Acuerdo Gubernativo 115-2026, firmado el pasado 3 de julio y publicado este viernes en el Diario de Centroamérica. Sus efectos se establecieron a partir del 20 de mayo de 2026, fecha en la que El Salvador notificó su salida.

Nicaragua, Honduras y El Salvador ya habían abandonado la Corte

La salida de Guatemala ocurre después de un proceso de desarticulación de la CCJ.

Nicaragua notificó su retiro el 18 de marzo de 2025; posteriormente, Honduras formalizó su denuncia el 29 de abril de 2026 y El Salvador completó su salida el 20 de mayo del mismo año.

Con la retirada de estos países, Guatemala consideró que ya no existían las condiciones jurídicas necesarias para mantener su membresía en el tribunal centroamericano.

El gobierno de Arévalo aclaró que Guatemala no realizó una denuncia voluntaria del tratado, sino que declaró la imposibilidad de cumplir con el Estatuto debido a la salida de los demás Estados que formaban parte del convenio constitutivo.

¿Qué pasará con la Corte Centroamericana de Justicia?

La CCJ era considerada el principal órgano judicial permanente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sin embargo, la salida escalonada de sus Estados parte dejó al organismo sin el respaldo jurídico necesario para continuar funcionando bajo las condiciones establecidas originalmente.

El acuerdo guatemalteco señala que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar las comunicaciones oficiales ante la Secretaría General del SICA, encargada de actuar como depositaria del Estatuto de la Corte.

La decisión también fue comunicada mediante una nota verbal enviada el 13 de julio de 2026 al secretario general del SICA, con sede en San Salvador.

Guatemala invoca normas constitucionales e internacionales

Para sustentar la decisión, el gobierno guatemalteco citó disposiciones de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 61 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, relacionado con la imposibilidad sobreviniente de cumplir obligaciones internacionales.

Con la salida de Guatemala, el proceso marca un nuevo capítulo en la estructura institucional de la integración centroamericana y deja a la Corte Centroamericana de Justicia sin los Estados que originalmente sostenían su funcionamiento.