Abogado de Gustavo Petro anuncia denuncia contra Angie Rodríguez por acusaciones sobre fiestas y el ‘Pacto de Valledupar’

Alejandro Carranza afirmó que las acciones legales incluirán señalamientos por injuria, calumnia agravada y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. La exfuncionaria ha pedido que sus denuncias sean investigadas.

La controversia entre el expresidente colombiano Gustavo Petro y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, escaló este miércoles 21 de octubre de 2026, luego de que el abogado Alejandro Carranza anunciara la presentación de una denuncia penal contra la exfuncionaria.

De acuerdo con el representante jurídico de Petro, las acciones legales contemplan señalamientos por injuria, calumnia agravada, posible violación de datos personales y presuntas irregularidades relacionadas con recursos públicos, entre otros posibles delitos que, sostuvo, deberán ser investigados por las autoridades.

Carranza informó que la denuncia sería presentada a las 9:00 horas en la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. También señaló que algunos hechos se pondrán en conocimiento de la Contraloría General de la República.

El ‘Pacto de Valledupar’ y los señalamientos políticos

Uno de los temas centrales de la disputa es el denominado ‘Pacto de Valledupar’, una supuesta reunión realizada en octubre de 2025 entre representantes gubernamentales y antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso.

Rodríguez afirmó en declaraciones a medios de comunicación que el encuentro habría buscado obtener señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe, el entonces candidato y actual presidente Abelardo de la Espriella y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

La exfuncionaria también aseguró que Petro le habría ordenado cerrar la negociación de Ralito bajo el argumento de su política de paz total. Ante estos señalamientos, la Procuraduría General de la Nación abrió una actuación disciplinaria relacionada con Rodríguez y el exministro del Interior Armando Benedetti, sin que ello implique una determinación de responsabilidad.

Carranza rechazó que Petro hubiera dado instrucciones para solicitar acusaciones contra figuras políticas y pidió que Mancuso precise quién, en su caso, habría transmitido una orden de esa naturaleza.

Acusaciones sobre la vida privada de Petro

Otro punto de la controversia son las declaraciones de Rodríguez sobre supuestas reuniones privadas en las que, según dijo, podrían haber participado mujeres y menores de edad. Durante una conversación con el periodista Daniel Samper Ospina, la exfuncionaria reconoció que no podía confirmar que las personas mencionadas fueran menores.

Rodríguez también afirmó que Laura Sarabia, exdirectora del Dapre y excanciller, tendría fotografías y videos que presuntamente se habrían utilizado para presionar a Petro y conseguir la Embajada de Colombia en el Reino Unido.

El abogado negó que el expresidente hubiera sido extorsionado por Sarabia y sostuvo que las acusaciones relacionadas con presunto consumo de estupefacientes y reuniones privadas podrían constituir injuria y calumnia. Estas afirmaciones forman parte de la disputa y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

Defensa señala posibles irregularidades financieras

Carranza agregó que la denuncia incluirá presuntos problemas en el manejo de recursos del Dapre durante la gestión de Rodríguez. Según su versión, durante viajes internacionales se habrían solicitado entre 14 mil y 18 mil dólares para necesidades del entonces presidente, además de que existirían documentos con gastos duplicados o sin respaldo de ejecución.

También aseguró que recursos de la caja de la entidad podrían haberse utilizado para pagar almuerzos de familiares de la exdirectora. La defensa anunció que entregará estos señalamientos a los organismos de control para que sean verificados.

El abogado indicó que una eventual retractación de Rodríguez no resolvería necesariamente todos los asuntos que pretende poner bajo investigación. Por su parte, la exfuncionaria ha manifestado que no se retractará y ha solicitado que los hechos denunciados sean investigados.

Hasta el momento, las acusaciones expuestas por ambas partes deben distinguirse de hechos probados. Corresponderá a la Fiscalía, la Contraloría y las demás autoridades competentes determinar la autenticidad de las pruebas y establecer si existen responsabilidades legales.