Por: Leopoldo Martínez Nucete
En estos tiempos de transición, Venezuela necesita revisar su propia historia, no para repetirla mecánicamente, sino para recuperar experiencias que ayuden a encontrar nuestro lugar en el mundo. Una de ellas es la relación construida entre Venezuela y Estados Unidos a partir de 1958.
Durante los primeros años de la Guerra Fría, Washington buscaba gobiernos estables, favorables a la inversión privada y, sobre todo, inequívocamente anticomunistas. La democracia no siempre era prioridad; a veces se consideraba peligrosa, por el temor a que abriera espacio a movimientos populares o de izquierda.
En esa concepción encajaban las dictaduras militares y las élites conservadoras latinoamericanas, que ofrecían orden, garantizaban determinados intereses económicos y se presentaban como muro de contención frente al comunismo.
Marcos Pérez Jiménez fue uno de esos beneficiarios. En 1954, el gobierno de Eisenhower le concedió la Legión al Mérito en su grado más elevado, reconociendo su colaboración con Estados Unidos y su apertura al capital estadounidense en el desarrollo petrolero. Time lo llevó a su portada en febrero de 1955 como un modernizador eficaz.
Sin embargo, en los días finales de la dictadura, Washington se adaptó con rapidez a la nueva realidad: en menos de veinticuatro horas reconoció a la Junta de Gobierno de Wolfgang Larrazábal, surgida tras el derrocamiento del dictador. El giro fue revelador: Estados Unidos no produjo el cambio venezolano, pero supo reconocerlo y dejó de interponerse en el camino de la transición.
La democracia como estrategia
Rómulo Betancourt comprendió antes que muchos que la disputa con las dictaduras no podía plantearse solo en términos morales. Había que demostrar que la democracia también era la alternativa más conveniente para la estabilidad política, el desarrollo económico y la contención del comunismo. La pobreza y la exclusión eran terreno fértil para los aventureros autoritarios; el mejor antídoto no era otra dictadura, sino una democracia capaz de producir progreso social.
Betancourt no era ingenuo. Había aprendido las lecciones del trienio iniciado en 1945 y de su traumática interrupción en 1948. Sabía que la retórica antiimperialista podía movilizar a la oposición, pero era insuficiente como política de Estado. Una vez en el gobierno, Venezuela necesitaba una relación constructiva con su principal mercado petrolero.
Esa relación, sin embargo, no podía fundarse en la subordinación: en determinados asuntos Venezuela podía actuar sin Estados Unidos, pero no tenía sentido hacerlo contra Estados Unidos. Cooperar no significaba obedecer. Esa fue una de sus mayores intuiciones –hacer compatibles el interés nacional venezolano y una alianza confiable con Washington.
Tanto mercado como sea posible
Su concepción económica podría resumirse en una fórmula que años después se hizo habitual en la socialdemocracia europea, atribuida al socialdemócrata alemán Willy Brandt: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.
La empresa privada y la inversión extranjera eran indispensables para crear riqueza, pero el Estado tenía la responsabilidad de garantizar educación, salud, vivienda e infraestructura. No se trataba de escoger entre capitalismo y justicia social, sino de construir una economía de mercado acompañada por un Estado democrático capaz de corregir desigualdades y ampliar oportunidades.
El petróleo como punto de encuentro
La transformación social requería una base fiscal suficiente. Betancourt defendió el principio del fifty-fifty, pero también que ese reparto se calculara sobre el valor real del petróleo: si las grandes compañías fijaban unilateralmente precios y producción, la igualdad formal podía ocultar una relación desigual.
No planteó la nacionalización inmediata –Venezuela necesitaba tecnología, capital y mercados–, pero sí mayor control sobre su recurso fundamental. Por eso respaldó a Juan Pablo Pérez Alfonzo para promover la coordinación entre países productores.
La creación de la OPEP en septiembre de 1960 –con Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait como fundadores– fue un ejercicio de soberanía económica dirigido a impedir que las compañías fijaran arbitrariamente las condiciones del recurso.
La fórmula venezolana era clara: garantías para la inversión, respeto a la propiedad y apertura a los mercados internacionales, pero también precios razonables, tributación justa y capacidad nacional para administrar la oferta petrolera. No era estatismo contra mercado. Era soberanía dentro del mercado.
Betancourt y Kennedy
Betancourt no pidió a Estados Unidos que liberara a Venezuela. Trabajó para convencer a sectores influyentes de que no les convenía sostener a las dictaduras y que debían permitir que los venezolanos se dieran su propio gobierno democrático.
La caída de Pérez Jiménez fue obra de los venezolanos –resistencia civil, partidos, estudiantes, sindicatos, Iglesia y militares–; la contribución de Washington fue dejar de proteger al dictador.
John F. Kennedy entendió la dimensión hemisférica del planteamiento de Rómulo Betancourt. Actualizó la Política del Buen Vecino mediante la Alianza para el Progreso, buscando demostrar que Estados Unidos podía relacionarse con América Latina mediante el desarrollo socioeconómico y las instituciones democráticas, no solo mediante acuerdos militares o la hegemonía de los intereses de sus empresas multinacionales.
Durante su visita a Venezuela en diciembre de 1961, Kennedy encontró en Betancourt a un interlocutor excepcional, y ambos reafirmaron que el progreso social era inseparable de la estabilidad democrática. Al mismo tiempo, importantes fortunas estadounidenses profundizaron su apuesta por Venezuela –el caso más emblemático fue el de la familia Rockefeller–, ayudando a incorporar al país, con creciente dignidad, al mapa económico internacional.
La Doctrina Betancourt
La relación con Estados Unidos nunca significó renunciar a una política exterior propia. Esa concepción se expresó en la Doctrina Betancourt: el rechazo y aislamiento de los gobiernos surgidos de la fuerza y carentes de legitimidad democrática. No era una doctrina contra una ideología específica: se dirigía tanto contra el autoritarismo marxista de Fidel Castro como contra las dictaduras militares y oligárquicas de la derecha.
Betancourt enfrentó a Castro («el barbazas del Caribe», como lo llamaba) porque rechazaba su pretensión de exportar la Revolución cubana. Su célebre respuesta –»cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó: los parió»– era un mensaje para La Habana, pero contenía una afirmación universal.
La misma firmeza se manifestó frente a Rafael Leónidas Trujillo, cuyo régimen organizó el atentado que casi le costó la vida en 1960; con el apoyo de otros gobiernos democráticos, Venezuela promovió en la OEA sanciones contra la dictadura dominicana. La coherencia era esencial: no podía condenarse el autoritarismo de izquierda y tolerarse el de derecha.
Una lección para nuestro tiempo
Venezuela necesita hoy recuperar esa tradición de autonomía democrática. No debemos pedirle a ninguna potencia que decida nuestro destino, pero sí podemos persuadir a nuestros aliados de que una Venezuela democrática, próspera y estable también responde a sus intereses.
No tenemos que escoger entre aislarnos de Estados Unidos o subordinarnos a Washington: podemos construir una relación madura, fundada en intereses compartidos, reglas claras y respeto recíproco.
Podemos atraer capital estadounidense e internacional y reintegrarnos a los mercados, al mismo tiempo que defendemos una participación justa en nuestra riqueza energética. Podemos ser aliados sin ser dependientes; cooperar sin abdicar; abrir nuestra economía sin renunciar al interés nacional.
La gran enseñanza de Rómulo Betancourt es que la soberanía no se defiende mediante el aislamiento ni la estridencia, sino construyendo instituciones legítimas, una economía productiva y una sociedad capaz de gobernarse a sí misma. También entendió que la justicia social no era un adorno de la democracia, sino una de sus condiciones de supervivencia.
Una reflexión final
Venezuela atraviesa hoy una situación inédita. Existe un tutelaje de facto, derivado de las circunstancias que todavía condicionan el desenvolvimiento del país, y que coincide con un Estado debilitado y una economía exhausta tras un conflicto político prolongado.
En ese contexto, he dicho antes –y lo reitero– que tiene sentido construir un acuerdo nacional en Venezuela y un consenso bipartidista en Estados Unidos alrededor del plan de tres fases propuesto por el secretario de Estado Marco Rubio: estabilización, recuperación y transición democrática.
Aceptar este planteamiento no es abandonar el concepto de soberanía que anima este artículo. Es reconocer una realidad concreta y asumirla como el desafío que hay que superar, no como una condición ante la cual resignarse.
Betancourt tampoco partió de una posición de fuerza: heredó un país en crisis económica y una relación con Washington cargada de recelos mutuos, y convirtió esa debilidad en el punto de partida de una construcción paciente de soberanía real.
Esa es la vigencia de su lección hoy: el tutelaje de facto que enfrentamos no se supera negándolo ni respondiéndole con estridencia, sino trabajando, como él lo hizo, para transformar una relación desigual en una alianza entre socios, hasta que la palabra tutelaje deje de describir la relación entre Venezuela y Estados Unidos.
Ese debe ser el horizonte: una Venezuela estabilizada, reconstruida y finalmente democrática; amiga y aliada de Estados Unidos para desarrollar una economía de beneficios recíprocos; una Venezuela soberana, respetada y dueña de su propio destino.
Leopoldo Martinez Nucete es Ex-Diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela, fue miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata en EE.UU, Consejero del Departamento de Comercio, y actualmente es Co-Presidente del Venezuelan-American Caucus.
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