Subida del diésel provoca paro indígena en Ecuador

Manifestaciones en varias provincias

Cientos de estudiantes, sindicalistas e integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)marcharon este martes en el centro de Quito. Las movilizaciones se extendieron a Imbabura, Pichincha y Azuay, donde grupos bloquearon tramos de la Panamericana y otras vías principales. En Cuenca, a 310 kilómetros al sur de la capital, también se registraron concentraciones.

La jornada dejó enfrentamientos con la policía y choques con militares que despejaron carreteras. Hasta el momento, el gobierno no ofreció un balance actualizado de detenidos y heridos, aunque el ministro del Interior, John Reimberg, informó que tras las protestas del lunes hubo 44 personas arrestadas, entre ellas dos extranjeros.

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Violencia y tensiones crecientes

El lunes, cerca de 1.000 manifestantes atacaron un cuartel policial, destruyeron parte de las instalaciones y se llevaron cuatro motocicletas, además de incendiar vehículos oficiales. Este hecho marcó el punto más violento desde el inicio del paro nacional.

El presidente Daniel Noboa rechazó los ataques y afirmó que “antes de retroceder prefiero morir”. Según el mandatario, la violencia registrada “no es protesta ni lucha, sino vandalismo”, y anunció que presentará denuncias ante la justicia contra los responsables.

Por su parte, Marlon Vargas, líder de la organización indígena que convocó la movilización, calificó las detenciones como una “grave violación a los derechos humanos”. También advirtió que sus bases permanecerán en las calles “resistiendo”.

Origen del conflicto

Las protestas comenzaron tras la decisión del gobierno, anunciada el 12 de septiembre, de eliminar el subsidio estatal al diésel, que representaba alrededor de 1.100 millones de dólares anuales. Con la medida, el precio del combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

El incremento provocó el rechazo de sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales e indígenas, que consideran la disposición como un golpe a la economía popular. Frente a la escalada de bloqueos y concentraciones, el gobierno decretó un estado de excepción en las zonas de mayor conflicto.

Mientras tanto, la tensión crece en varias provincias. Los manifestantes insisten en que mantendrán el paro nacional hasta que el Ejecutivo revierta la medida. El gobierno, en cambio, asegura que no dará marcha atrás y que reforzará la presencia de fuerzas de seguridad para garantizar la movilidad en el país.

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