Enfrentamientos contra disidencias de las FARC en la frontera entre Perú y Colombia

Enfrentamientos contra disidencias de las FARC en la frontera entre Perú y Colombia

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Patrullas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú sostuvieron intensos combates contra integrantes de Los Comandos de la Frontera, estructura disidente de las antiguas FARC, cerca del centro poblado San Belín de Yaricaya, en la provincia de Putumayo (Perú).

El operativo, denominado Operación Zancudo, concluyó con el repliegue del grupo armado y la caída de tres presuntos disidentes al río Yaricaya, cuyos cuerpos no pudieron ser recuperados debido al caudal y a las condiciones de seguridad en la zona.

Saldo y material incautado

Tras consolidar el control del perímetro, el Comando Unificado Puma aseguró diverso material de guerra y pertrechos militares:

  • Armamento: Un fusil M16, dos pistolas, una granada de guerra y municiones de diversos calibres.

  • Equipamiento: Indumentaria militar con patrones de camuflaje similares a los del Ejército de Colombia, herramientas, medicamentos y equipos ligeros de combate.

Contexto de la estructura armada

Los Comandos de la Frontera son una facción disidente surgida en 2017 con presencia en los corredores fronterizos de Colombia, Perú y Ecuador, dedicada principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.

Las acciones armadas se registraron tras la celebración de la XXXV Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza en Lima, donde delegaciones de ambos países acordaron reforzar el control en el corredor amazónico.

Extradición de alias «Araña»

El enfrentamiento fronterizo coincide con la extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, máximo líder de Los Comandos de la Frontera:

  • Proceso judicial: Detenido en Bogotá en febrero de 2025, su extradición se mantuvo suspendida durante la administración previa debido a su participación en mesas de diálogo, hasta la ratificación formal de la medida por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

  • Traslado: El procedimiento se concretó en una base de la Policía Nacional en Bogotá, quedando bajo custodia de agencias federales estadounidenses para responder por cargos de narcotráfico y conspiración.