EE. UU. cancela visas a jueces, funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
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El Gobierno de Estados Unidos retiró los visados de ingreso a su territorio a jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, señalados por presuntos actos de corrupción, nexos con el narcotráfico y conspiración para desestabilizar gobiernos democráticos en la región.
La medida, anunciada por el Departamento de Estado, abarca tanto a los señalados como a sus familiares directos.
Perfil de los sancionados
De acuerdo con el comunicado oficial, las restricciones migratorias afectan a diversos actores de la región:
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Bolivia: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mandos policiales, fiscales y un empresario local.
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Colombia: Un empresario y una senadora.
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Ecuador: Funcionarios y figuras del sector privado.
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Perú: Un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima.
«Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos. Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región», señaló el Departamento de Estado.
Marco institucional: «Escudo de las Américas»
La cancelación de visados se da en el marco de los acuerdos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, mecanismo impulsado en marzo por la administración estadounidense e integrado por una quincena de países de la región para coordinar la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Las sanciones responden a los compromisos ratificados por los mandatarios integrantes de la alianza durante reuniones multilaterales en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde se acordó la aplicación de medidas colectivas y restricciones migratorias contra redes de corrupción e impunidad.
Contexto político regional
Las revocaciones de visas ocurren en un escenario de tensión política y de seguridad en cada una de las naciones involucradas:
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Bolivia: El país enfrenta semanas de inestabilidad política y protestas sociales, manteniendo vigente un estado de excepción decretado en junio por el Gobierno.
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Colombia: La medida coincide con el inicio de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, aliado de la iniciativa estadounidense, tras un proceso electoral marcado por acusaciones hacia sectores de oposición.
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Ecuador: El Gobierno mantiene un despliegue militar con apoyo de asistencia estadounidense para enfrentar a grupos del crimen organizado tras la declaratoria de conflicto armado interno.
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Perú: La decisión impacta al sector judicial tras la reciente asunción de un nuevo gobierno conservador al término de una contienda electoral polarizada.

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