Juliana Guerrero, exfuncionaria vinculada al Gobierno de Gustavo Petro, aceptó su responsabilidad ante la Fiscalía General de la Nación por la obtención irregular de títulos académicos en la Universidad San José.
La decisión se conoció durante una audiencia judicial realizada este miércoles 9 de septiembre de 2026, en la que la joven formalizó un preacuerdo con el organismo investigador.
Juliana Guerrero acepta responsabilidad ante la Fiscalía
Durante la audiencia, Guerrero admitió su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con el proceso mediante el cual obtuvo sus títulos académicos.
Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, la exfuncionaria expresó además su disposición para colaborar con la justicia.
El preacuerdo deberá seguir el procedimiento correspondiente ante las autoridades judiciales, pero implica que Guerrero será condenada por los delitos que reconoció.
El caso de los títulos académicos
La investigación se centra en las presuntas irregularidades relacionadas con los títulos obtenidos por Guerrero en la Universidad San José.
El caso generó atención pública debido a su vínculo previo con el Gobierno de Gustavo Petro y a la polémica que surgió alrededor de sus credenciales académicas.
La aceptación de cargos representa un nuevo capítulo en el proceso judicial y establece una salida negociada entre la Fiscalía y la acusada.
Guerrero también ha negado otras acusaciones
La joven ha rechazado señalamientos relacionados con supuestas gestiones de contratación pública.
En declaraciones previas, negó haber sostenido reuniones con contratistas o empresarios y aseguró que no recibió comisiones ni beneficios económicos a cambio de intervenir en procesos de contratación.
Estas acusaciones forman parte del contexto de la polémica que ha rodeado a Guerrero, aunque el preacuerdo anunciado este miércoles corresponde específicamente a los delitos relacionados con sus títulos académicos.
¿Qué sigue después de la aceptación de cargos?
Tras la aceptación de responsabilidad, el proceso continuará ante las autoridades judiciales para determinar las condiciones de la condena derivada del preacuerdo.
El caso vuelve a colocar a Juliana Guerrero en el centro de la atención pública en Colombia, luego de su paso por el Gobierno Petro y de las controversias relacionadas con su trayectoria académica y profesional.
La audiencia del 9 de septiembre marca así un punto decisivo en la investigación por la obtención irregular de sus títulos universitarios.
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