La suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires generó las primeras reacciones del Gobierno nacional y de dirigentes vinculados al oficialismo, quienes cuestionaron la decisión judicial y responsabilizaron al gobernador Axel Kicillof por la situación de seguridad en la entidad.
La medida fue ordenada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien dispuso suspender durante 60 días la aplicación de la nueva normativa en territorio bonaerense.
Patricia Bullrich cuestionó la suspensión del Régimen Penal Juvenil
Una de las primeras dirigentes en reaccionar fue Patricia Bullrich, senadora y exministra de Seguridad, quien impulsó la nueva legislación.
A través de sus redes sociales, Bullrich criticó tanto al gobierno provincial como a la Justicia bonaerense y sostuvo que los ciudadanos viven en una situación de inseguridad mientras los delincuentes encuentran condiciones favorables para evitar consecuencias penales.
La exfuncionaria también apuntó directamente contra Axel Kicillof y cuestionó que la provincia cuente con un sistema judicial que, desde su perspectiva, favorece la impunidad.
Bullrich calificó la situación como preocupante y afirmó: “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien”.
Luis Petri también criticó el fallo judicial
El diputado nacional Luis Petri se sumó a las críticas contra la resolución y cuestionó que la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil haya sido suspendida apenas dos días después de su entrada en vigor.
El legislador sostuvo que la reforma fue aprobada para combatir la impunidad en los casos de delitos cometidos por menores y consideró que la suspensión representa un obstáculo para su aplicación.
Petri también responsabilizó al gobierno de Kicillof y a la Justicia provincial por lo que consideró una falta de respuestas frente a los problemas de seguridad.
¿Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil?
La nueva legislación modifica el esquema de responsabilidad penal para adolescentes y establece que los jóvenes desde los 14 años pueden responder penalmente por determinados delitos.
Entre las conductas contempladas se encuentran delitos relacionados con armas, amenazas, ataques, comercialización o distribución de sustancias ilegales y difusión de imágenes íntimas, entre otros supuestos establecidos por la normativa.
El nuevo régimen también establece límites específicos para las sanciones aplicables a menores de edad.
La nueva ley establece un máximo de 15 años de prisión
La Ley N° 27.801, reglamentada mediante el Decreto 875/2026, establece que los menores de edad no pueden recibir una condena de prisión perpetua.
En su lugar, fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, que deberá cumplirse en establecimientos especializados y separados de personas adultas.
Además, contempla medidas alternativas a la prisión, entre ellas:
- Reparación del daño.
- Tareas comunitarias.
- Restricciones de acercamiento.
- Uso de dispositivos de monitoreo electrónico.
- Seguimiento mediante supervisores especializados.
El decreto también creó la figura del supervisor especializado, encargado de acompañar y controlar el cumplimiento de las medidas impuestas a cada adolescente.
¿Por qué se suspendió el Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires?
La decisión judicial no se centró directamente en declarar inconstitucional la nueva legislación.
La jueza Marta Elba Pascual argumentó que existe preocupación por la capacidad de la provincia para atender el posible incremento de adolescentes que ingresarían al sistema penal.
La resolución surgió a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de adolescentes privados de su libertad.
De acuerdo con la resolución, la aplicación de la reforma podría aumentar la cantidad de jóvenes dentro del sistema de encierro y generar una presión adicional sobre la infraestructura y los recursos disponibles.
El Gobierno nacional defendió la nueva normativa
Mientras continúan las críticas por la suspensión, el Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de la Ley N° 27.801.
El Decreto 875/2026 fue firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Diego Santilli.
La reglamentación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y estableció que deberá coordinar el sistema, elaborar normas complementarias y promover acuerdos con las provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Por ahora, la suspensión mantiene frenada durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, mientras continúa el debate sobre las condiciones necesarias para implementar la reforma.
La decisión judicial abrió así una nueva disputa entre el Gobierno nacional, las autoridades bonaerenses y el Poder Judicial en torno a la seguridad, la responsabilidad penal adolescente y las condiciones del sistema de justicia juvenil.
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