Gabriela Muñoz Olaya, de 19 años, fue vinculada como Asistente III en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante colombiano Marco Emilio Hincapié, integrante del Pacto Histórico.

La contratación de la joven ha generado polémica debido a que actualmente cursa la carrera de Derecho y no cuenta con un título profesional. Además, su nombre se encuentra relacionado con una investigación por el presunto tráfico de influencias dentro de la Aeronáutica Civil de Colombia.

De acuerdo con la información publicada, el cargo representa un costo mensual para el Estado de aproximadamente 11.7 millones de pesos colombianos, considerando salario y prestaciones.

¿Cuánto recibirá Gabriela Muñoz?

La legislación colombiana establece que una persona con el cargo de Asistente III puede recibir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para 2026, el sueldo mensual señalado para este puesto ronda los 8.7 millones de pesos colombianos. Al sumar prestaciones como vacaciones, primas, cesantías e intereses, el costo anual puede superar los 127 millones de pesos.

Considerando además las aportaciones institucionales relacionadas con el sistema de pensiones, el gasto anual asociado al cargo puede alcanzar cerca de 140 millones de pesos colombianos.

Gabriela Muñoz y la investigación en Aerocivil

La llegada de Gabriela Muñoz al Congreso ocurre mientras las autoridades investigan presuntas irregularidades relacionadas con su actuación dentro de la Aeronáutica Civil.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación para determinar si existió tráfico de influencias en decisiones administrativas y en posibles movimientos de personal dentro de la entidad.

De acuerdo con los señalamientos que dieron origen a la investigación, Gabriela Muñoz habría tenido presunta injerencia en asuntos internos de Aerocivil pese a ocupar un cargo auxiliar de nivel asistencial.

La actuación disciplinaria también busca establecer si existieron responsabilidades relacionadas con su vinculación y la de otras personas cercanas a ella.

Gabriela Muñoz ha sostenido que el cargo que ocupaba no le otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, elegir contratistas o participar en la adjudicación de contratos.

El caso mantiene la atención pública en Colombia debido a la combinación de la investigación en Aerocivil y su reciente incorporación a una Unidad de Trabajo Legislativo del Congreso.