La propiedad incautada al expresidente guatemalteco está bajo administración de la Senabed y cuenta con piscina, seis habitaciones y amplias áreas de descanso
El Estado de Guatemala puso en renta una lujosa casa de playa vinculada al expresidente Otto Pérez Molina, quien permanece en prisión por procesos relacionados con corrupción y abuso de poder.
La propiedad es administrada por la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) y se encuentra ubicada en la aldea El Garitón, en el municipio de Taxisco, Santa Rosa, a pocos metros del mar.
La residencia, conocida como “Casa de la Playa” o “La Casa Bella”, tiene un valor estimado de Q7 millones y actualmente se ofrece en alquiler por un precio base de Q7,350 mensuales.
Así es la lujosa propiedad vinculada a Otto Pérez Molina
El inmueble se encuentra sobre un terreno de 2,115.79 metros cuadrados y cuenta con dos construcciones de dos niveles, áreas verdes y una piscina.
Además, la vivienda dispone de seis habitaciones, dos de ellas con baño privado, sala, comedor, desayunador, cocina, lavandería, bodega y balcones con pérgola.
También cuenta con un rancho con cocineta ubicado junto a la piscina, espacio que anteriormente habría sido utilizado para reuniones privadas de funcionarios y políticos vinculados con el extinto Partido Patriota.
¿Por qué el Estado administra la casa?
La propiedad pasó a manos de la Senabed en 2018, dentro de las investigaciones relacionadas con actos de corrupción durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
Según los testimonios incorporados a procesos judiciales, el inmueble original habría sido entregado como un obsequio al expresidente en 2013 mediante aportaciones realizadas por funcionarios y empresarios vinculados al Partido Patriota.
Las autoridades también investigaron la ampliación posterior del terreno y señalaron el uso de recursos de origen ilícito.
¿Cuánto cuesta rentar la casa de Otto Pérez Molina?
La Senabed estableció un precio base de Q7,350 mensuales para el alquiler de la residencia.
El inmueble, cuyo valor estimado alcanza los Q7 millones, permanece bajo administración estatal mientras continúan los procesos relacionados con su origen y adquisición.
La renta de esta propiedad forma parte de la administración de bienes sujetos a extinción de dominio, con el objetivo de mantenerlos productivos mientras se define su situación legal.
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