Antioquia rechaza acusaciones de la Superintendencia de Salud

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¿Qué denunció el organismo de control nacional?

La Gobernación de Antioquia expresó un firme rechazo ante los recientes señalamientos del superintendente Daniel Quintero, quien acusó al gobierno departamental por una supuesta malversación de fondos equivalente a 4.700 millones de pesos. La entidad fiscalizadora sostuvo que estos dineros, pertenecientes al Sistema General de Participaciones y orientados a la salud pública, terminaron transferidos sin soporte contractual. Sin embargo, las autoridades antioqueñas catalogaron el procedimiento como un acto desproporcionado, falto de rigurosidad y motivado por intereses ajenos a la vigilancia técnica.

Desde la administración seccional aclararon que la totalidad de la partida presupuestal permaneció custodiada en el banco departamental IDEA. Dichos recursos financieros garantizan la ejecución paulatina de programas dedicados a la salud mental en diversos municipios, desembolsando montos únicamente mediante el avance efectivo de los planes contratados.

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Controversia por el deceso de menores indígenas

Paralelamente, el organismo nacional notificó hallazgos con eventual trascendencia penal vinculados con la muerte de dos pacientes pertenecientes a comunidades indígenas. La autoridad central imputó una presunta conducta negligente al estamento regional por fallas de seguimiento e inconsistencias temporales en el reporte oficial de ambos casos.

¿Cuál es la postura defensiva de la Secretaría departamental?

La secretaria de Salud, Alma Joana Solano, rebatió enérgicamente tales acusaciones indicando que las niñas recibían atención en EPS intervenidas por el Estado nacional, como Savia Salud y Coosalud, donde acontecieron las deficiencias asistenciales. Asimismo, la funcionaria reprochó la falta de auditorías gubernamentales frente a más de cincuenta inconsistencias notificadas en la atención médica durante el presente año. Finalmente, el equipo legal presentará la documentación probatoria necesaria para desestimar los cuestionamientos financieros e institucionales.

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