Escándalo en Panamá: Buscan endurecer las reglas para operar albergues de protección infantil

Albergues de protección infantil en Panamá: Buscan endurecer las reglas

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La Asamblea Nacional discute el proyecto de ley 618 para retirar la auto-supervisión de la secretaría infantil, luego de la renuncia de su directora por graves denuncias.

Hoy en día, la seguridad y el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad se encuentran bajo el reflector de la opinión pública internacional. Por lo tanto, la Asamblea Nacional de Panamá sacudió el panorama político al iniciar la discusión formal para endurecer radicalmente las reglas de operación de los albergues de protección infantil en ese país. En efecto, este debate legislativo surge en medio de severos cuestionamientos y denuncias de corrupción y negligencia en los centros de acogimiento del Estado. Bajo este contexto, el parlamento panameño busca reconfigurar el modelo de supervisión de los espacios donde permanecen niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, intentando frenar una crisis institucional que arrastra años de opacidad.

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El conflicto de interés: Senniaf no puede ser juez y parte

En primer lugar, el punto más sensible y complejo de la reforma radica en la naturaleza de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) de Panamá. Debido a que la institución opera actualmente sus propios centros y, al mismo tiempo, ejerce las funciones de control y fiscalización sobre ellos, se ha generado un evidente conflicto de interés. Por consiguiente, el proyecto de ley 618 busca retirar esta facultad regulatoria para transferirla a una oficina independiente cobijada por el Ministerio de Desarrollo Social panameño, garantizando así inspecciones transparentes y autónomas.

Por otra parte, la diputada Alexandra Brenes, quien preside la mesa técnica de la subcomisión de Asuntos de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia, ha sido la principal promotora de elevar estas regulaciones a rango de ley. De este modo, se pretende derogar de forma definitiva el Decreto Ejecutivo 404 de 2020. A pesar de que dicha norma reglamentaria definía las condiciones mínimas de cuidado residencial, los legisladores argumentan que se necesitan sanciones penales y administrativos mucho más severos y responsabilidades sumamente claras.

Una crisis que ya cobró la cabeza de altos mandos en Panamá

Asimismo, es imperativo recordar que esta ofensiva legislativa no es un hecho aislado. Por el contrario, el debate actual se aceleró tras las alarmantes irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral de Tocumen, administrado directamente por la Senniaf. Cabe destacar que este escándalo provocó una parálisis operativa de gran magnitud y derivó en la renuncia irrevocable de Ana Fábrega como directora de la Senniaf en marzo de 2026, mientras el Ministerio Público panameño iniciaba investigaciones penales por presuntos delitos dentro del recinto.

La necesidad de transformar los albergues de protección infantil refleja el agotamiento de un modelo estructural que permitía el maltrato, el abuso y la negligencia debido a la falta de auditorías externas.

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