La Fiscalía de la Nación archivó la investigación preliminar contra la vacada expresidenta Dina Boluarte por el presunto delito de falsedad genérica, luego de las acusaciones sobre supuestas firmas falsificadas en resoluciones oficiales emitidas durante 2023, mientras se recuperaba de una cirugía estética.
La decisión fue confirmada por el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, a través de su cuenta de X, donde explicó que la investigación buscaba determinar si la exmandataria había permitido que terceros firmaran documentos oficiales a su nombre entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023.
Según indicó la defensa, la tesis fiscal sostenía que Dina Boluarte se encontraba imposibilitada físicamente para firmar debido a una intervención médica facial realizada por el cirujano Mario Cavani. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que no existían pruebas suficientes para sustentar esa acusación.
De acuerdo con Portugal, las pericias realizadas establecieron que las firmas cuestionadas sí correspondían “al puño y letra de la expresidenta”, por lo que fueron consideradas auténticas y originales por el informe de documentología forense.
Además, la investigación determinó que no existía ninguna prescripción médica o mandato de descanso absoluto que le impidiera ejercer funciones presidenciales durante ese periodo.
“Existe evidencia documental y testimonial obtenida durante la investigación que acreditó la participación activa de Dina Boluarte Zegarra en las decisiones de Estado”, señaló el abogado de la exjefa de Estado.
El origen del caso
La polémica surgió luego de que se difundieran versiones sobre presuntas irregularidades en documentos oficiales firmados durante la recuperación médica de Boluarte tras una cirugía estética realizada a finales de junio de 2023.
Entre las normas observadas figuraba el Decreto Supremo N.º 017-2023-SA, relacionado con modificaciones al manual de advertencias publicitarias de alimentos, así como la resolución que aceptó la renuncia del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre.
La controversia tomó fuerza tras las declaraciones de Patricia Muriano, exasistente presidencial, quien aseguró ante la Fiscalía que varias resoluciones habrían sido emitidas con firmas que no correspondían a la entonces presidenta.
Muriano afirmó que Boluarte no estaba en condiciones de firmar documentos oficiales entre el 28 de junio y el 10 de julio de 2023, debido a su recuperación médica.
Incluso, durante las investigaciones se conoció un peritaje grafotécnico independiente que sostenía que algunas rúbricas presentaban diferencias respecto a la firma habitual de la exmandataria.
Recomendación de vacancia en el Congreso
El caso también tuvo repercusiones políticas en el Congreso peruano. La Comisión de Fiscalización recomendó en su momento evaluar la vacancia presidencial por una supuesta “incapacidad moral permanente”, argumentando que Boluarte no informó formalmente sobre un posible alejamiento temporal del cargo durante su recuperación.
No obstante, con el archivamiento fiscal, la exmandataria suma un nuevo proceso cerrado a su favor en medio de las investigaciones que enfrentó tras dejar el poder.
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