Justicia argentina ratifica decomiso de bienes a Cristina Kirchner
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En un fallo trascendental para la política y el sistema judicial de Argentina, la Cámara de Casación Penal confirmó este viernes 24 de abril de 2026 el decomiso de los bienes pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus dos hijos (Máximo y Florencia Kirchner) y a un empresario vinculado a la causa.
Esta resolución ratifica la sentencia de un tribunal inferior y cierra una de las vías de apelación de la defensa de la exmandataria en relación con la ejecución de la condena por corrupción.
Puntos clave de la resolución judicial
El fallo se centra en la recuperación de activos derivados del esquema de fraudes en la adjudicación de obras viales en la Patagonia:
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Indemnización millonaria: Se mantiene la orden de pago de 500 millones de dólares en concepto de indemnización por el desvío de fondos públicos.
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Bienes afectados: El decomiso incluye propiedades, hoteles y apartamentos situados principalmente en el sur de Argentina. La justicia determinó que las transferencias de bienes realizadas por Fernández a sus hijos como adelanto de herencia no impiden la ejecución del decomiso.
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Confirmación de Casación: Los abogados defensores habían solicitado la anulación de la orden de decomiso, pero la Cámara de Casación rechazó el planteamiento, validando el proceso de recuperación de activos.
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Estatus legal de la expresidenta
La situación de Cristina Fernández de Kirchner ha escalado jurídicamente durante el último año:
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Inhabilitación Perpetua: En junio pasado, el Tribunal Supremo de Argentina ratificó su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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Condena Firme: Se confirmó la sentencia de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
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Arresto Domiciliario: Actualmente, la líder opositora cumple su condena bajo la modalidad de arresto domiciliario en su residencia de Buenos Aires, desde donde mantiene su influencia política sobre el bloque peronista.
El empresario involucrado
El fallo también alcanza los bienes de un aliado cercano a la familia Kirchner (identificado en la causa «Vialidad»), quien habría sido el principal beneficiario de la cartelización de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
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