El Salvador legaliza cadena perpetua para menores de edad
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Reforma constitucional entrará en vigor en abril
El Salvador implementará cambios drásticos en su sistema judicial a partir del próximo 26 de abril. Según el Diario Oficial, las nuevas reformas constitucionales permitirán dictar sentencias de prisión perpetua a menores desde los 12 años. Los legisladores de la Asamblea Legislativa determinaron que esta medida aplicará para delitos de alta gravedad, tales como homicidio, feminicidio y violación.
Para ejecutar estas disposiciones, el Congreso modificó diversas normativas, incluyendo el Código Penal y la Ley Penal Juvenil. Además, la reestructuración alcanzó al Poder Judicial, transformando los antiguos juzgados de menores en tribunales de lo criminal. Estos organismos especializados asumirán la competencia para procesar casos donde la cadena perpetua sea la pena solicitada. Aunque la ley contempla un mecanismo de revisión para estas sentencias, la severidad de la medida marca un precedente único en la región.
¿Qué impacto tiene la medida en los derechos humanos?
Organismos internacionales como UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño manifestaron una «profunda preocupación» ante el nuevo marco legal. Estas instituciones sostienen que la justicia para adolescentes debe priorizar la rehabilitación y reintegración social, dejando la privación de libertad como un último recurso temporal. Asimismo, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno salvadoreño a revisar los cambios, argumentando que contradicen tratados internacionales vigentes.
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El contexto del estado de emergencia
Esta reforma se suma a las políticas de seguridad implementadas bajo el estado de excepción vigente desde 2022. El gobierno del presidente Nayib Bukele defiende estas acciones como herramientas necesarias para erradicar la violencia de las pandillas. Si bien las autoridades reportan una reducción histórica en la tasa de homicidios, el país enfrenta críticas por detenciones masivas y la suspensión de garantías constitucionales. Hasta la fecha, el Ejecutivo mantiene su postura firme frente a los cuestionamientos externos, priorizando el control territorial sobre las observaciones de entidades globales.
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