La tensión entre el Poder Ejecutivo y la dirigencia del fútbol argentino alcanzó un nuevo pico este miércoles tras las declaraciones de la secretaria general de la Presidencia. Karina Milei utilizó sus canales oficiales para responder de forma tajante a Gregorio Dalbón, abogado vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino, quien sugirió la existencia de una trama política para intervenir la entidad. El conflicto entre Gobierno y AFA se intensificó luego de que el letrado acusara al entorno presidencial de intentar «quedarse» con la institución, mencionando específicamente al asesor Santiago Caputo y a la propia hermana del mandatario.
Postura oficial ante las acusaciones de Dalbón
La funcionaria nacional descartó cualquier tipo de acercamiento o pacto extrajudicial con los representantes legales de los directivos del fútbol. «Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar», sentenció la secretaria, subrayando que las investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras se encuentran exclusivamente bajo la órbita de los tribunales. Por consiguiente, el Gobierno nacional ratifica su decisión de no intervenir en los procesos que lleva adelante la justicia penal económica, la cual indaga actualmente una millonaria deuda impositiva.
Además, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, respaldó las palabras de la secretaria general y enfatizó el respeto irrestricto por la división de poderes. El funcionario aclaró que el marco jurídico actual prohíbe cualquier intromisión del Ejecutivo en causas judiciales abiertas. Por esta razón, el Gobierno asegura que su rol se limita a facilitar la información que los jueces soliciten para esclarecer posibles delitos. De esta manera, las autoridades buscan despejar las dudas sembradas por la defensa de los dirigentes, quienes insisten en que se trata de una persecución con trasfondo político.
Avances en la causa judicial de Comodoro Py
Mientras el cruce dialéctico escalaba en redes sociales, la actividad en los tribunales federales no se detuvo. Pablo Toviggino, tesorero de la entidad madre del fútbol, se presentó a declarar ante el juez Diego Amarante en medio de un operativo de seguridad de gran escala. El dirigente entregó un escrito formal pero optó por no responder preguntas sobre la presunta retención indebida de aportes, una suma que los organismos de control calculan en al menos 19.000 millones de pesos. Este procedimiento legal constituye un capítulo clave en el conflicto entre Gobierno y AFA, ya que también involucra al presidente de la institución, Claudio Tapia.
Finalmente, la citación de Tapia para el día jueves mantiene la expectativa sobre el futuro de la conducción del fútbol nacional. Los investigadores analizan el incumplimiento en el pago de retenciones de Ganancias, IVA y aportes previsionales durante un periodo que abarca casi dos años. Por consiguiente, la resolución de este caso dependerá de las pruebas que recolecte la justicia penal económica en los próximos días. El desenlace de esta disputa judicial y política determinará no solo la situación procesal de sus protagonistas, sino también el esquema de poder dentro de una de las organizaciones más influyentes de Argentina.
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