Justicia frena privatización de ex ESIM

¿Qué decidió la justicia argentina?

La justicia federal de Argentina suspendió por 60 días hábiles el proyecto para privatizar la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) en Mar del Plata, un sitio que funcionó como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar. La medida, que vence el próximo 8 de abril, responde a denuncias de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, preocupados por la preservación del lugar como espacio de memoria.

El proyecto contemplaba la instalación de un bar, iniciativa que generó rechazo inmediato de familiares de detenidos y desaparecidos, quienes advirtieron que el predio forma parte probada del circuito represivo de la Fuerza de Tareas N°6 de la Armada. Los denunciantes resumieron su postura: “Nadie pondría un café en Auschwitz”, subrayando la necesidad de respetar la memoria histórica.

¿Qué pruebas respaldan la suspensión?

Los jueces federales Alejandro Tazza y Pablo Jiménez solicitaron a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas aportar elementos adicionales que acrediten que las obras podrían afectar pruebas vinculadas a crímenes de lesa humanidad. La organización mencionó testimonios, registros de la CONADEP y más de una veintena de juicios que confirman el uso del predio como centro clandestino.

Sobrevivientes como Alberto Pellegrini y Pablo Mancini relataron detenciones ilegales, golpizas, simulacros de fusilamiento y abusos sexuales. Sus testimonios dan cuenta de la violencia sistemática ejercida en la ex ESIM y refuerzan el reclamo para impedir cualquier emprendimiento comercial en el sitio.

¿Por qué es importante preservar la ex ESIM?

El proyecto de privatización ya había sido objetado en 2019 y 2022 por el Concejo Deliberante local. La nueva suspensión judicial vuelve a colocar en el centro del debate la tensión entre intereses privados y políticas de memoria, verdad y justicia.

En Argentina, los sitios del horror continúan siendo prueba viva de los crímenes de la dictadura, y su preservación se considera clave para garantizar que las futuras generaciones comprendan la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.