Corte revisa decreto económico de Petro

¿Por qué el gobierno fue denunciado?

El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, enfrenta una denuncia ante la Corte Constitucional por presunta extralimitación de poder. La acción legal fue presentada luego de la expedición del Decreto de Emergencia Económica 1930, emitido el 22 de diciembre de 2025.

El abogado activista David Cote interpuso la demanda con el objetivo de derogar el decreto, argumentando que el Ejecutivo habría utilizado la figura de emergencia para imponer reformas tributarias sin control político efectivo. Según Cote, la medida representa un intento de legislar por la puerta trasera durante la vacancia judicial y legislativa, aprovechando que el Congreso y la Corte estaban en receso.

¿Qué medidas están en disputa?

El decreto cuestionado permite al Gobierno asumir facultades extraordinarias para implementar impuestos, incluyendo el nuevo impuesto al patrimonio y la reducción de su umbral impositivo a capitales de 2.000 millones de pesos, cuya declaración está programada para mayo. Además, se han reglamentado otros tributos, como el IVA del 19% a bebidas alcohólicas y apuestas en línea, mediante el Decreto Reglamentario 1474, vigente desde el 1 de enero de 2026.

Por lo tanto, la demanda busca que la Corte determine si estas acciones cumplen con el requisito constitucional de responder a hechos reales y no a motivos políticos, como han advertido expertos jurídicos y económicos. Cote advirtió que permitir estas decisiones podría sentar un precedente peligroso, en el que el Ejecutivo gobernaría sin supervisión legislativa.

¿Qué pasos seguirá la Corte Constitucional?

La ponencia del caso quedó a cargo del magistrado Carlos Camargo Assis, quien deberá evaluar si las circunstancias invocadas justifican la expedición del estado de excepción. En consecuencia, el tribunal podría solicitar pruebas a la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda para verificar la validez de los argumentos presentados por el Gobierno.

Mientras tanto, varios sectores políticos han pedido la suspensión provisional del decreto, lo que permitiría congelar temporalmente los impuestos cuestionados. Los antecedentes, como la revisión del decreto de conmoción interior para el Catatumbo en 2025, sugieren que el proceso podría durar hasta cuatro meses antes de que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de la medida.

Finalmente, la controversia ha generado un debate amplio sobre el alcance de las prerrogativas presidenciales, la transparencia fiscal y la validez de los estados de excepción. De este modo, Colombia sigue observando de cerca si el Ejecutivo puede implementar reformas económicas bajo estas condiciones, mientras los expertos advierten sobre posibles impactos sociales y financieros.