El expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó nuevamente en el centro de la polémica después de que, según la Policía Federal, reconoció haber usado un soldador para dañar la Bolsonaro tobillera electrónica que supervisaba sus movimientos mientras cumplía prisión domiciliaria en su residencia en Brasilia. El hecho ocurrió durante la madrugada del 22 de noviembre, cuando la alarma del dispositivo se activó a las 00:08 horas, lo que llevó al Supremo Tribunal Federal (STF) a ordenar su prisión preventiva por riesgo de fuga. Esta medida representa un nuevo episodio judicial que impacta a la política brasileña y mantiene al exmandatario en una situación jurídica cada vez más complicada.
Confesión y reacción judicial
En un video difundido por el STF y la Policía Federal, Bolsonaro admitió ante personal encargado que “metí un soldador ahí… por curiosidad”, mientras se observaban marcas de quemaduras alrededor del dispositivo. Para el ministro Alexandre de Moraes, juez del caso por presunto golpismo, la manipulación coincidió con una manifestación convocada por el senador Flávio Bolsonaro frente a la residencia familiar. Según el magistrado, este hecho habría facilitado una posible vía de escape hacia alguna embajada cercana.
La respuesta del STF fue inmediata: determinó que Bolsonaro fuese trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanecerá bajo custodia en una sala especialmente asignada mientras avanza el proceso. La defensa calificó la medida como sorpresiva y señaló que el delicado estado de salud del expresidente, resultado de múltiples cirugías derivadas de la puñalada sufrida en 2018, podría poner en riesgo su vida. Los abogados anunciaron que presentarán una apelación en las próximas horas.
Consecuencias políticas
La Bolsonaro tobillera electrónica, que había sido impuesta tras su condena en septiembre a 27 años de prisión por liderar un supuesto complot para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, se convirtió en un detonante político. Con la prisión preventiva, Bolsonaro queda prácticamente fuera de la carrera presidencial de 2026, mientras Lula ya manifestó su intención de buscar un nuevo mandato. El país se mantiene dividido entre quienes consideran la medida como una aplicación estricta del Estado de derecho y quienes la interpretan como una persecución política.
El STF dio un plazo de 24 horas a la defensa del exmandatario para explicar formalmente la manipulación del dispositivo, mientras el caso continúa polarizando la escena pública y reflejando la inestabilidad que persiste en la derecha brasileña.
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