La Armada de Colombia abrió fuego este lunes contra una embarcación en el río Patía Guandipa, en el departamento de Nariño, lo que ocasionó la muerte de un funcionario y dejó herido a un policía encargado de la seguridad de la alcaldesa Karen Pineda. La mandataria local salió ilesa.
De acuerdo con las primeras versiones, la nave avanzaba a alta velocidad y sin luces en plena oscuridad, lo que generó la reacción de un equipo de guardacostas que realizaba un control en la zona. Según explicó la institución militar, los uniformados dispararon al interpretar el movimiento de la lancha como una amenaza.
La víctima fatal fue identificada como Luis Fernando Sánchez, asesor de la alcaldía, mientras que el agente de la Policía que lo acompañaba recibió atención médica tras el ataque. Videos difundidos en redes sociales muestran a los militares auxiliando a las personas afectadas pocos minutos después de los disparos.
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Reacciones oficiales y exigencia de investigación
El presidente Gustavo Petro expresó sus condolencias a la familia de Sánchez y calificó el hecho como resultado de un “incumplimiento de protocolos de seguridad”. En su mensaje, solicitó que se adelante una investigación con rigor para determinar responsabilidades.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió que se garantice un proceso “exhaustivo y transparente” que permita acceder a la verdad y a la justicia. La entidad también reiteró la necesidad de fortalecer los controles para evitar que se repitan hechos similares.
Mientras tanto, líderes sociales de Tumaco y de otras comunidades del Pacífico afirmaron que el ataque fue producto de una “confusión”. Ellos pidieron esclarecer cuanto antes las circunstancias, ya que los controles costeros son frecuentes en la zona debido a la presencia de grupos armados ilegales y al tráfico de drogas.
Contexto de violencia en la zona
El departamento de Nariño atraviesa uno de los momentos más críticos de violencia en la última década. Distintos actores armados se disputan el control de territorios estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal. Esto ha llevado a un incremento en los operativos militares y en la vigilancia fluvial y costera.
En este contexto, la confusión en los retenes se convierte en un riesgo constante para la población civil. Voceros regionales recordaron que las comunidades dependen de la movilidad fluvial para su vida cotidiana, por lo que reclaman medidas más seguras y coordinadas.
El caso de la alcaldesa Pineda y de su equipo abre un nuevo debate sobre los límites en el uso de la fuerza y la necesidad de protocolos más claros en escenarios de tensión. La atención nacional se centra ahora en los resultados de la investigación, mientras las familias de las víctimas esperan respuestas y justicia.
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