¿Qué decisión tomó la presidenta?
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, decidió aumentar su salario mensual en un 125%, pasando de poco más de 4.300 dólares a más de 10.000 dólares. El anuncio se dio durante una conferencia de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros. El ajuste salarial ocurre después de 14 años sin cambios en la remuneración presidencial, y se implementó con base en una comparación regional de sueldos presidenciales, según explicó el secretario de Economía, Raúl Pérez.
La medida contrasta con la opinión mayoritaria de la ciudadanía. Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos reveló en mayo que el 94% de los encuestados rechaza cualquier aumento de sueldo para la mandataria. Además, Boluarte registra solo un 3% de aprobación a nivel nacional, de acuerdo con la firma Datum Internacional, lo que la convierte en la presidenta con menor respaldo ciudadano en los últimos 25 años.
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¿Por qué generó tanta controversia?
El nuevo sueldo equivale a más de 31 veces el salario mínimo peruano, situación que ha intensificado las críticas sociales y políticas. Las reacciones fueron inmediatas desde diversos sectores. El congresista opositor Alex Floresdenunció que la mandataria prioriza su bienestar económico mientras el país enfrenta crisis en seguridad, salud y corrupción. Por su parte, la legisladora Ruth Luque exigió que la medida sea revertida de inmediato, argumentando que los recursos deben dirigirse a educación, salud y programas sociales.
La polémica creció aún más por los antecedentes discursivos de la presidenta. En marzo de 2024, Boluarte afirmó ante un grupo de madres de ollas comunes que con solo 2,8 dólares se podía preparar un almuerzo completo, incluyendo sopa, segundo y postre. “Nos las inventamos, así somos las mujeres”, dijo entonces.
¿Qué argumentos dio el gobierno?
Según el secretario de Economía, la decisión responde a un estudio que analizó los sueldos en dólares de presidentes de 12 países de América Latina. De esa comparación, se concluyó que el salario presidencial peruano estaba por debajo del promedio regional, lo que motivó la reestructuración salarial.
Sin embargo, los críticos señalan que el contexto económico y social del país no justifica el aumento. La ciudadanía enfrenta problemas de inseguridad, falta de acceso a servicios básicos y un sistema de salud colapsado. La decisión también llega cuando la imagen presidencial atraviesa su punto más bajo, con protestas frecuentes en distintas regiones del país.
La presidencia no ha informado si este ajuste podría ser reconsiderado, pese a la creciente presión pública y parlamentaria.
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