El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de «Ley de Agentes Extranjeros», el cual obligará a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) a pagar un impuesto del 30 % sobre todas las donaciones que reciban.
Bukele compartió la noticia a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde afirmó que con esta medida busca “encontrar una solución real” a problemas sociales del país. El anuncio llega en medio de una creciente confrontación entre el Gobierno y diversas organizaciones civiles, especialmente las que defienden el medio ambiente y los derechos humanos.
ONGs denuncian detención de abogado ambientalista
La propuesta de ley surge justo después de que varias ONGs denunciaran la detención arbitraria del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, integrante del Foro del Agua, una alianza de organizaciones que luchan por el derecho al agua.
La policía arrestó a Henríquez el lunes, tras participar en una protesta en una carretera cercana a la residencia de Bukele, en la periferia suroeste de San Salvador. Carlos Flores, vocero del Foro del Agua, explicó que lo acusan de cometer desórdenes públicos, luego de que algunos manifestantes enfrentaran a agentes antimotines de la policía y la Fuerza Armada.
Los manifestantes exigían que el Gobierno impidiera el desalojo de 300 familias campesinas asentadas en un terreno privado en Santa Tecla.
Asamblea Legislativa se alinea con Bukele
Bukele no ofreció detalles adicionales sobre el contenido del proyecto, pero debido al control que ejerce su partido, Nuevas Ideas, sobre la Asamblea Legislativa, se espera que el Congreso apruebe la ley sin mayores obstáculos.
El mandatario ya había presentado en 2021 una iniciativa similar, aunque en aquella ocasión no logró que el Congreso la discutiera.
Bukele aseguró que con los recursos recaudados a través del impuesto, su Gobierno podrá financiar programas sociales, como una posible solución para las comunidades afectadas por desalojos.
ONGs enfrentan escenario incierto
Numerosas voces dentro y fuera del país cuestionan la medida, ya que podría reducir significativamente la capacidad operativa de organizaciones que atienden temas de salud, educación, medioambiente y derechos humanos.
Además, varios analistas advierten que el Gobierno podría usar la ley como herramienta para vigilar, restringir o castigar a las organizaciones críticas de su gestión.
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