Galán Denuncia Posible Fraude Judicial por Resolución Ambiental

Galán Denuncia Posible Fraude Judicial por Resolución Ambiental

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acusó al Gobierno Nacional de fraude judicial respecto a la resolución sobre el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.

Tensión entre Galán y el Ministerio de Ambiente

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, expresó su firme rechazo a la resolución emitida por el Ministerio de Ambiente para regular el uso de la Sabana de Bogotá, impulsada por la saliente ministra Susana Muhamad. Según Galán, la medida no se presentó como una consulta real, sino como una «publicación obligatoria disfrazada de consulta», lo que podría desencadenar un fraude judicial. A través de su cuenta en X, el alcalde criticó la forma en que el Gobierno gestionó este proceso y aseguró que este procedimiento legal podría ser inconstitucional, además de generar consecuencias jurídicas y económicas graves para la ciudad.

Galán también acusó a la ministra Muhamad de no haber atendido los llamados al diálogo por parte de la administración distrital. «Llevamos meses pidiendo conversar con el Gobierno Nacional y la ministra nunca nos quiso escuchar», declaró el alcalde. Según él, antes de dejar su cargo, Muhamad promovió una resolución que afectaría a millones de personas en Bogotá, planteando una parálisis en la ciudad. La medida, que es vista por Galán como un acto de desinformación, se presentó como una consulta pública cuando en realidad, según el alcalde, solo busca «sanear un proceso ilegal».

El Gobierno Nacional Defiende la Resolución

Por su parte, la ministra Susana Muhamad defendió la resolución, argumentando que responde a la necesidad urgente de armonizar el desarrollo con la protección ambiental en la Sabana de Bogotá. Según el Ministerio de Ambiente, el proyecto fue el resultado de más de un año de trabajo y estudios técnicos, en los que participaron diversas comunidades, académicos y organizaciones ambientales.

Muhamad destacó la importancia de la medida para la conservación de ecosistemas degradados en la Sabana de Bogotá, y subrayó su objetivo de proteger las fuentes hídricas y ordenar el territorio de manera sostenible. La resolución busca reglamentar el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, con el fin de guiar la transición hacia un desarrollo más equilibrado en esta región. Además, el Ministerio explicó que la consulta pública estará abierta hasta el 14 de marzo en su página web, lo que permitiría a los ciudadanos y organizaciones participar en el proceso.

Impacto de la Resolución y Reacciones Locales

El proyecto de resolución afectaría a 35 municipios de Cundinamarca, 4 del Meta y la capital del país, impactando a más de 10 millones de habitantes. Entre los principales lineamientos destacan la protección de zonas ecológicas clave, como acuíferos, bosques andinos y humedales, así como el fomento de un crecimiento urbano sostenible dentro de los perímetros urbanos ya establecidos.

Además, la resolución propone evaluar la vulnerabilidad hídrica de la Sabana y ajustar las concesiones de agua para garantizar su disponibilidad. También se considera la protección de la biodiversidad y la infraestructura verde en proyectos urbanos y mineros.

Sin embargo, la controversia sobre este proceso revela una profunda división entre el Gobierno Nacional y la administración distrital, lo que podría derivar en una disputa legal y política significativa. A medida que el alcalde Galán continúe con sus esfuerzos por impugnar la resolución, se espera que esta situación tenga repercusiones tanto en el futuro de la Sabana de Bogotá como en las relaciones entre las autoridades locales y nacionales.