El Gobierno de Argentina dispuso este martes avanzar en su decisión de reducir los subsidios estatales al consumo de gas y electricidad, una decisión que se inscribe en el severo plan de ajuste fiscal puesto en marcha por el Ejecutivo de Javier Milei.
Mediante un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno introdujo cambios en el régimen de subsidios con el objetivo de que deje de ser “generalizado” e “indiscriminado” y se convierta en un sistema “más ordenado” y enfocado en los usuarios “vulnerables”.
Para ello, el decreto establece un período de transición de seis meses, prorrogable por otros seis, “en función de la evolución de la situación económica general y la dinámica del sector energético”, según indicó en un comunicado la Secretaría de Energía.
La nueva norma habilita a trasladar progresivamente los precios y las tarifas reales de la energía (sin subsidios) a los usuarios finales de los segmentos de ingresos medios y altos.
Entre otros aspectos, el decreto permite imponer nuevos topes de consumo máximos subsidiados y que los excedentes se paguen a precio o tarifa plena, es decir, sin subsidio.
Según la Secretaría de Energía, el régimen de subsidios anterior, junto con la política energética de congelación tarifaria, “contribuyeron sustancialmente a la opacidad de las tarifas finales y a la confusión conceptual entre los montos efectivamente facturados a los usuarios y los subsidios”.
El recorte de los subsidios energéticos se inscribe en el severo plan de ajuste emprendido por Milei con el objetivo de recuperar el equilibrio fiscal.
“En época de escasez y de ajuste de los recursos del Estado, es necesario rever y reordenar los subsidios, de manera progresiva, para contribuir al equilibrio fiscal sin descuidar la ayuda a los usuarios vulnerables”, afirmó la Secretaría de Energía en su comunicado.
Más historias
Presidente de Ecuador supervisa avance de cárcel de máxima seguridad al estilo Bukele
Brasil: Atafona enfrenta grave riesgo por erosión costera
Ecuador declara nuevo estado de excepción que incluye Quito y seis provincias del país