El presidente Javier Milei ha impulsado una serie de reformas profundas a través de un proyecto de ley conocido como “Ley Ómnibus”, junto con la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Este conjunto de medidas abarca una amplia gama de aspectos, desde económicos hasta sociales, pero es particularmente notable por su impacto en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.
La “Ley Ómnibus” busca eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, instaurando un sistema en el cual cada partido deberá financiarse exclusivamente a través de aportaciones voluntarias de donantes o afiliados. Esta reforma elimina el límite a los gastos de campaña que una agrupación política puede incurrir, permitiendo, en teoría, donaciones ilimitadas de privados y gastos de campaña sin tope. Los defensores de esta medida argumentan que promoverá una mayor transparencia y equidad en la competencia electoral, al tiempo que reduce el gasto público. Sin embargo, críticos como Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, advierten que esto podría conducir a una influencia desmedida del sector privado y los sectores más ricos en la política, potencialmente distorsionando la voluntad democrática popular
Además, la “Ley Ómnibus” propone importantes cambios en el sistema electoral argentino, como la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la supresión de la elección de diputado por las minorías, y la quita de espacios de propaganda gratuitos para los candidatos.
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