El presidente Javier Milei ha extendido la prohibición del uso del lenguaje inclusivo a toda la administración pública nacional. Esta decisión, anunciada por el portavoz presidencial Manuel Adorni.
La resolución, publicada recientemente en el sitio oficial de la Presidencia, no solo afecta a las oficinas gubernamentales sino que también incluye al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados correspondientes. Según Adorni, el castellano, al ser un idioma que ya contempla a todos los sectores, debería ser suficiente para la comunicación oficial, descartando la necesidad de estructuras lingüísticas alternativas como el lenguaje inclusivo.
La administración Milei argumenta que el debate sobre el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género ha sido manipulado políticamente, llegando a considerarlo un “negocio de la política”. Esta postura sugiere una crítica a las prácticas actuales en varias esferas de la administración donde el uso del lenguaje inclusivo se había vuelto común, aunque de manera discrecional.
La prohibición ha suscitado reacciones encontradas. Por un lado, ciertos sectores aplauden la medida como un retorno a las normas lingüísticas tradicionales, mientras que, por otro lado, activistas y defensores de los derechos LGTBIQ+ y de la igualdad de género la ven como un retroceso en la lucha por la inclusión y el reconocimiento de las diversidades.
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