La ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, se encuentra en medio de un escándalo debido a posibles irregularidades en la asignación de fondos a fundaciones.
Una de las investigaciones está relacionada con la Fundación en Ti, mientras que la principal involucra a la Fundación Horizonte Ciudadano, fundada por Michelle Bachelet en 2018. Se indaga el traspaso de aproximadamente 460 mil dólares por parte del Gobierno Regional para la implementación del programa “Niños, niñas y adolescentes: voces del Biobío para vivir sin violencia”.
El convenio entre el Gobierno Regional y Horizonte Ciudadano fue firmado en diciembre del año pasado por el gobernador Rodrigo Díaz Worner y Pedro Güell, representante legal de la fundación. Díaz Worner fue una figura de confianza de Bachelet durante sus dos gobiernos, ocupando cargos importantes como el de Gobernador e Intendente. Güell, por su parte, fue uno de los asesores más influyentes de Bachelet mientras ella era presidenta.
Horizonte Ciudadano ha declarado que ha trabajado en temas como medio ambiente, infancia y descentralización desde 2018, operando con altos estándares de transparencia en todos sus procesos. Aseguran que todos sus proyectos han sido desarrollados con profesionalismo y han cumplido con los requisitos técnicos y de rendición de cuentas.
Además, destacan que el proyecto en cuestión tiene una cobertura de 112 mil niños, niñas y adolescentes, superando ampliamente la cifra inicialmente establecida de 30 mil.
La fundación se ha mostrado dispuesta a entregar todos los antecedentes requeridos por la fiscalía en el menor plazo posible, argumentando que todo está en orden y se ha seguido los procedimientos regulares establecidos.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ha llamado a la prudencia y ha señalado que es necesario determinar si el traspaso de fondos a Horizonte Ciudadano constituye una irregularidad.
El escándalo de los fondos también ha salpicado a la organización Democracia Viva, que recibió más de 500 mil dólares del Ministerio de Vivienda para trabajar en campamentos en la ciudad de Antofagasta. Como resultado de la investigación, el Ministerio de Vivienda ha ordenado la restitución de los fondos en un plazo máximo de 30 días, poniendo fin al convenio establecido con la organización.
El caso de los fondos transferidos a fundaciones ha generado un gran revuelo en el país y ha puesto en entredicho la transparencia en la asignación de recursos por parte del Gobierno.
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