El abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó el pasado jueves a la Inspectoría de la Policía que investigue la actuación del coronel Harvey Colchado, jefe del equipo de detectives que trabaja junto con la Fiscalía en los casos que involucran al mandatario.
Según el documento presentado por el abogado Eduardo Pachas ante la inspectoría de la policía, Colchado habría vulnerado el artículo 117 de la constitución durante el allanamiento del Palacio de Gobierno para ejecutar la detención preliminar de la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes.
Según el documento, el coronel Harvey Colchado en el curso de esta intervención a la residencia presidencial, habría revisado documentos clasificados como “secreto de Estado” (p.2 de la denuncia), y “habría causado perjuicios innecesarios” a la vivienda del Presidente y a la libertad individual, por lo que pide que la Policía le inicie un “proceso disciplinario, se abra una investigación y al culminar el mismo se le aplique una sanción muy grave en consecuencia su pase a retiro”.
En declaraciones a medios locales, Pachas se preguntó si el coronel estaba habilitado para “ir a la oficina o dormitorio del presidente de la República para revisar sus documentos secretos e investigarlo”.
Se está buscando comentarios de la Policía y de Colchado sobre el pedido del abogado de Castillo. Ninguno de ellos se ha pronunciado públicamente hasta este viernes sobre los comentarios de Pachas.
Yenifer Paredes, investigada por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción vinculados con la adjudicación de dos obras públicas en la región de Cajamarca, se entregó a la Fiscalía el 10 de agosto, un día después de que las autoridades buscaron detenerla tras una resolución emitida por la Corte Superior Nacional de Justicia.
Paredes y su abogado han negado las acusaciones de la Fiscalía.
Entretanto, el juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, suspendió hasta el domingo 28 de agosto el fallo sobre la solicitud de 36 meses de prisión preventiva para Paredes que hizo la Fiscalía.
Luego del allanamiento del 9 de agosto, Castillo denunció al coronel Colchado y al fiscal que encabezó el operativo en el Palacio de Gobierno por considerar que solo la Fiscal de la Nación podía haber hecho ese procedimiento.
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