América Latina impulsa una ley modelo contra el ecocidio
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Una propuesta con herramientas jurídicas comunes
América Latina avanza en una propuesta jurídica para fortalecer la protección ambiental mediante una ley modelo contra el ecocidio. La iniciativa busca facilitar la incorporación de este delito en las legislaciones nacionales y establecer criterios comunes para investigar daños graves a los ecosistemas. El documento reúne 18 artículos y fue presentado públicamente el 30 de septiembre. Sus impulsores buscan ofrecer una referencia legislativa adaptable a los sistemas jurídicos de cada país. Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explicó que la adaptación requiere precisar las conductas delictivas, las penas y las diferencias entre delitos dolosos y culposos. La iniciativa establece tres figuras: delitos de resultado, de peligro y culposos. También propone sanciones proporcionales a la gravedad del daño ambiental. El texto incorpora medidas para proteger a pueblos originarios, denunciantes, testigos, peritos y personas defensoras del medioambiente. Además, contempla la responsabilidad de personas jurídicas y mecanismos de participación comunitaria en los procesos penales. Entre sus disposiciones figuran la reparación integral de los ecosistemas afectados, la imprescriptibilidad del delito y la prohibición de amnistías e indultos. También plantea responsabilidades estatales cuando no sea posible localizar al responsable.
La adopción dependerá de cada país
Rodrigo Lledó, director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional, señaló que el modelo busca armonizar los procesos legislativos de la región. La iniciativa también contempla herramientas relacionadas con la jurisdicción universal y la protección procesal. El documento establece un periodo de dos años entre la publicación de una eventual ley y su entrada en vigor. Ese plazo permitiría capacitar a operadores de justicia y facilitar la adaptación de las empresas.
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Del consenso regional a la legislación nacional
Astrid Puentes Riaño, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible, consideró que la propuesta puede fortalecer la protección ambiental vinculada con los derechos humanos. La iniciativa se presentó ante la Cámara de Diputados de México el 1 de octubre. También fue expuesta en espacios legislativos y académicos de Panamá, incluido el Parlamento Latinoamericano. Sin embargo, la ley modelo contra el ecocidio no es directamente aplicable. Cada Estado deberá decidir si adopta el texto completo o incorpora disposiciones mediante reformas propias. Sus promotores buscan impulsar proyectos nacionales y facilitar la cooperación cuando los daños ambientales trasciendan fronteras. La implementación dependerá de las decisiones de los poderes legislativos y de la capacidad institucional para aplicar las normas. El avance abre una nueva etapa en el debate regional sobre la responsabilidad penal por daños ambientales. El reto será convertir la propuesta de referencia en mecanismos jurídicos efectivos, respetando los procedimientos y las particularidades de cada país.
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