América Latina presenta una ley modelo para tipificar el ecocidio
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América Latina impulsa una ley contra el ecocidio
Más de 30 especialistas de 14 países presentaron una propuesta para tipificar el ecocidio en América Latina. La iniciativa busca establecer un marco penal común frente a daños ambientales graves. La ley modelo fue presentada el 1 de octubre de 2026. El documento contiene 18 artículos y plantea penas de prisión de ocho a 20 años. La propuesta contempla sanciones para quienes provoquen daños ambientales graves, extensos o duraderos. También establece diferentes mecanismos para determinar responsabilidades. Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, destacó la necesidad de adaptar el concepto al contexto regional. Según los impulsores, América Latina enfrenta desafíos específicos relacionados con la violencia contra defensores ambientales. También mencionan problemas de impunidad y corrupción. La iniciativa incorpora aportes de organizaciones, especialistas, estudiantes y representantes de comunidades. El proceso comenzó con una consulta pública que reunió a 240 participantes. Posteriormente se realizaron encuentros virtuales con 74 expertos de distintos países. Finalmente, un grupo de redactores trabajó en la versión presentada en Ciudad de México.
La propuesta plantea nuevas responsabilidades
El texto contempla el ecocidio como delito de resultado y de peligro. También incorpora una modalidad culposa para determinados casos. La propuesta establece que una autorización obtenida mediante fraude o corrupción no impediría una investigación penal. También plantea decomisar ganancias relacionadas con el delito. Otro punto establece restricciones para contratar con el Estado. La iniciativa contempla además responsabilidades para personas físicas y jurídicas. Los impulsores plantean que los directivos podrían responder personalmente bajo determinadas circunstancias. Las empresas también podrían enfrentar consecuencias jurídicas. La ley modelo incluye jurisdicción universal e imprescriptibilidad. También propone prohibir amnistías para este tipo de delitos. Otro mecanismo permitiría que cualquier persona denuncie posibles casos. El texto incorpora además protecciones para prácticas ancestrales de comunidades tradicionales.
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Ecocidio en América Latina enfrenta un proceso legislativo
La propuesta busca complementar otros instrumentos regionales. Entre ellos están los derechos de la naturaleza y el Acuerdo de Escazú. El documento también considera agravantes cuando existen amenazas contra denunciantes o defensores ambientales. Además, establece obligaciones estatales para prevenir riesgos y daños. Los autores plantean un periodo de dos años para facilitar la adaptación de empresas, Estados y fiscalías. También proponen asistencia jurídica y apoyo técnico para las comunidades. Lina Muñoz señaló que el proceso pretende vincular el derecho ambiental con la ciencia y las comunidades. La iniciativa también busca facilitar la obtención de pruebas. Ahora, las organizaciones promotoras buscarán que los congresos nacionales analicen la propuesta. Una delegación ya presentó el proyecto ante una comisión del Congreso mexicano. La aprobación dependerá de los procesos legislativos de cada país. La iniciativa constituye una propuesta regional, pero no crea obligaciones jurídicas automáticamente. ¿Podría una legislación regional sobre ecocidio fortalecer la protección ambiental en América Latina sin afectar las actividades económicas legítimas?
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