El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) pidió que las reformas y medidas impulsadas para enfrentar la violencia y las estructuras criminales sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país.

El llamado fue realizado por el delegado adjunto del organismo, Ricardo López, en medio de la discusión sobre cambios a las normas de seguridad y al sistema penitenciario hondureño. El funcionario señaló que el Estado tiene facultades para adoptar políticas destinadas a reducir la criminalidad, pero estas deben someterse al denominado principio de convencionalidad.

¿Qué significa el principio de convencionalidad?

Este principio implica que las normas, decisiones y actuaciones de las autoridades deben guardar compatibilidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que Honduras ha asumido.

López explicó que el CONADEH reconoce la responsabilidad del Estado de implementar acciones para mejorar la seguridad, pero señaló que las nuevas disposiciones deben ser revisadas para evitar posibles contradicciones con los tratados vigentes.

Entre los instrumentos mencionados por el organismo se encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Nelson Mandela, especialmente cuando las reformas tienen efectos sobre las personas privadas de libertad.

Reformas penitenciarias están en el centro del debate

El pronunciamiento ocurre mientras el Congreso Nacional analiza y aprueba modificaciones relacionadas con el sistema penitenciario y las medidas contra estructuras criminales.

El CONADEH señaló que cualquier cambio que afecte las condiciones de reclusión debe considerar las garantías reconocidas para las personas privadas de libertad, además de las obligaciones internacionales adquiridas por Honduras.

Las Reglas Nelson Mandela, adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, establecen estándares mínimos reconocidos internacionalmente para la gestión penitenciaria y el tratamiento digno de las personas recluidas.

CONADEH pide combinar seguridad con prevención

Además de las medidas de seguridad, Ricardo López planteó que la respuesta frente a la violencia debe incluir políticas de prevención, educación, formación y protección.

El organismo sostiene que el endurecimiento de las medidas por sí solo no aborda todas las causas de la criminalidad. Por ello, plantea desarrollar acciones dirigidas particularmente a las comunidades donde existe presencia de estructuras criminales y donde algunas personas pueden enfrentar presiones para incorporarse a actividades ilícitas.

La propuesta del CONADEH contempla que las estrategias de seguridad sean acompañadas por programas sociales y mecanismos de protección para reducir factores que pueden favorecer la incorporación de personas a actividades delictivas.

Rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad

Otro de los aspectos señalados por el organismo es la necesidad de mantener procesos de rehabilitación y reinserción social dentro del sistema penitenciario.

El planteamiento incluye componentes educativos y de formación para las personas que cumplen condenas, con el objetivo de que puedan reincorporarse a la sociedad una vez que concluyan sus penas.

El debate también comprende las condiciones de reclusión, el contacto con familiares y las medidas destinadas a garantizar un tratamiento acorde con los estándares internacionales.

El debate sobre las nuevas medidas de seguridad

El llamado del CONADEH se produce en un contexto en el que las autoridades hondureñas han impulsado nuevas acciones frente a las estructuras criminales y reformas relacionadas con el sistema penitenciario.

El organismo no cuestiona la facultad del Estado para actuar contra la violencia, sino que plantea que las medidas deben mantenerse dentro del marco jurídico nacional e internacional aplicable.

De esta manera, el debate en Honduras se centra en cómo aplicar nuevas herramientas de seguridad sin apartarse de las obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos, particularmente en el caso de las personas privadas de libertad.