Impuestos a compras y servicios digitales dejarían más de $100 millones anuales a Panamá

El cobro de impuestos a compras y servicios digitales generará más de 100 millones de dólares anuales al gobierno de Panamá.

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Cobro de impuestos a compras y servicios digitales

 La proyección financiera fue presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, tras la aprobación del proyecto de ley 30-26 en el Consejo de Gabinete. La iniciativa busca aplicar de forma efectiva la tarifa general del 7 por ciento del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) a las transacciones concretadas mediante plataformas de comercio electrónico, transmisiones vía streaming y hospedajes privados.

La reforma legislativa plantea modificar diversas disposiciones del Código Fiscal para establecer criterios claros de territorialidad sobre el consumo digital. Para determinar si una operación se realiza dentro del suelo panameño, la Dirección General de Ingresos (DGI) evaluará indicadores como la ubicación del instrumento de pago, la dirección IP de conexión, la residencia de facturación y el código de tarjeta SIM. De este modo, plataformas como Amazon, Temu, Shein, AliExpress y Netflix deberán emitir facturas electrónicas a los usuarios locales.

Por su parte, el titular del gabinete económico enfatizó que la propuesta no constituye la creación de un nuevo tributo, sino la equiparación de condiciones frente al comercio tradicional. Anteriormente, la adquisición física de mercancías o servicios de alojamiento gravaba impuestos ordinarios, mientras que las contrataciones en línea quedaban fuera de los esquemas de recaudación. En consecuencia, la ley busca cerrar las brechas de competencia desleal reportadas por el sector hotelero y los comercios minoristas establecidos en el país.

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Pese a la situación

La medida desató críticas en diversos sectores de la ciudadanía y usuarios de redes sociales, quienes prevén un incremento en el precio final de los servicios digitales. Asimismo, diversos colectivos cuestionaron la ampliación de la fiscalización sobre el consumo popular mientras persisten exoneraciones tributarias y privilegios para funcionarios del Poder Legislativo. No obstante, el documento fue remitido formalmente a la Asamblea Nacional para su debate y dictamen en comisiones.

Finalmente, el Órgano Ejecutivo confía en que la aprobación del texto fortalezca las finanzas públicas y consolide el programa de facturación electrónica en la nación centroamericana

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