Corte Plena rechaza acusaciones de la presidenta Laura Fernández sobre corrupción judicial

Corte Plena rechaza acusaciones de la presidenta Laura Fernández sobre corrupción judicial

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Magistrados en Costa Rica exigen pruebas concretas y defienden la integridad de más de 13,800 funcionarios

La Corte Plena del Poder Judicial de Costa Rica rechazó de forma unánime las declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, quien afirmó públicamente que el sistema judicial se encuentra infiltrado por el crimen organizado «hasta los tuétanos». Altos jueces, liderados por la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, y el magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, calificaron las manifestaciones de la mandataria como «acusaciones genéricas e irresponsables» que atentan contra la institucionalidad del país.

Por lo tanto, la cúpula judicial instó formalmente al Poder Ejecutivo a canalizar cualquier sospecha o información a través de denuncias legales específicas, en lugar de emitir descalificaciones globales en conferencias de prensa que desgastan la confianza pública en los operadores de justicia.

¿Qué detonó el choque institucional entre los poderes del Estado?

La tensión política escaló tras una rueda de prensa del Consejo de Gobierno donde la presidenta Fernández criticó la morosidad judicial, los índices de corrupción y la presunta penetración de estructuras delictivas, aludiendo directamente a la reciente detención y extradición a Estados Unidos del exmagistrado Celso Gamboa. Ante esto, la Corte Plena fundamentó su postura de defensa bajo los siguientes argumentos:

• Filtros de selección estrictos: La magistrada Patricia Solano defendió que los procesos de reclutamiento y contratación de la judicatura son considerablemente más exigentes que los de cualquier otra entidad pública.

• Acreditación del OIJ: El tribunal recordó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuenta con rigurosas acreditaciones internacionales que validan los controles de confianza aplicados a su personal.

• Impacto en las familias judiciales: El magistrado Jorge Araya censuró el uso de casos aislados para generalizar conductas delictivas, señalando que estas declaraciones golpean injustamente la reputación y la mística de más de 13,800 trabajadores del sector.

Asimismo, los magistrados enfatizaron que el Poder Judicial cuenta con una política interna de «cero tolerancia» y que ha sido la propia institución la encargada de investigar, procesar y sancionar a sus miembros cuando se detectan desviaciones normativas.

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Advertencia sobre el discurso de deslegitimación institucional

Al respecto, los miembros de la Corte Plena alertaron que los discursos confrontativos y carentes de sustento fáctico ponen en riesgo el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos ciudadanos. Los jueces insistieron en que la transparencia y el debido proceso son las vías democráticas obligatorias para subsanar cualquier irregularidad. En consecuencia, el Poder Judicial costarricense reafirmó su compromiso con el orden constitucional y advirtió que se mantendrá vigilante ante cualquier intento de socavar la independencia de los tribunales mediante presiones políticas o narrativas mediáticas.

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