Pulso legal en Panamá: Demandan decreto que permite suspender salarios a funcionarios

Demanda decreto Contraloría Panamá 2026: Impugnan licencias

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La gestión de la Contraloría General de la República de Panamá se enfrenta a un desafío judicial de gran calado. Este jueves, el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, presentó una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo de la acción legal es anular el mecanismo que permite enviar a funcionarios a «licencia sin sueldo» mientras están bajo investigación. Según Cedeño, este procedimiento viola derechos fundamentales y normas de la carrera administrativa. Por lo tanto, la Sala Tercera deberá decidir si el polémico decreto se ajusta a la legalidad vigente.

¿Qué establece el Decreto 90-2019-DNMySC?

El conflicto se centra en una normativa emitida en diciembre de 2019. Dicho decreto permite a la Contraloría suspender preventivamente el pago de salarios a servidores públicos bajo auditoría por presuntas irregularidades. Según la institución, esta no es una sanción disciplinaria, sino una medida preventiva para fiscalizar el uso correcto de los fondos públicos sin interferencias. En consecuencia, si la investigación demuestra que el funcionario cumplía con sus labores, los pagos se reactivan retroactivamente. Sin embargo, en caso de hallar irregularidades, el expediente se remite al Tribunal de Cuentas o al Ministerio Público.

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Por su parte, el diputado Cedeño argumenta que una licencia sin sueldo jamás puede ser impuesta unilateralmente. «La licencia debe ser solicitada voluntariamente por el funcionario», afirmó el parlamentario. Además, advirtió que permitir esta facultad a la Contraloría crea un precedente peligroso. Por consiguiente, si la medida se valida, en el futuro podría aplicarse incluso contra jueces, fiscales y magistrados, vulnerando la independencia de otras instituciones del Estado.

Tensiones políticas y el caso de las «botellas»

La controversia ha escalado debido a que la medida se aplicó recientemente a funcionarios de la Asamblea Nacional. Estas acciones forman parte de auditorías para detectar las llamadas «botellas» (personas que cobran sin trabajar) en las planillas legislativas. Como resultado, diputados de la coalición Vamos y abogados particulares han denunciado al contralor Anel “Bolo” Flores por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones. Flores, por su parte, defiende que sus actuaciones son en defensa del erario y con estricto apego a la ley.

A este escenario se suma otra investigación contra el contralor por una presunta irrupción en la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2026. En aquel incidente, se investigaban posibles nexos patrimoniales del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. En conclusión, la demanda decreto Contraloría Panamá 2026 se desarrolla en un clima de alta polarización entre el ente fiscalizador y los sectores independientes del Órgano Legislativo.

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