El gobierno de Nayib Bukele congela bienes de socios de El Faro en El Salvador

El gobierno de Nayib Bukele congela bienes de socios de El Faro en El Salvador

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Denuncian represalias contra diario El Faro por investigar al gobierno salvadoreño

El medio digital salvadoreño El Faro denunció que el gobierno del presidente Nayib Bukele ordenó el congelamiento de activos de sus socios corporativos. La directiva del periódico califica esta acción administrativa como represalias contra diario El Faro. Los periodistas acusan una respuesta estatal tras publicar un documental sobre presuntos acuerdos del mandatario con pandilleros. El gobierno atribuye las medidas financieras a una supuesta deuda de impuestos evadidos.

El contexto de las represalias contra diario El Faro

La intervención estatal afecta directamente una cuenta bancaria y un inmueble de los accionistas principales del medio. Los directivos de la empresa periodística negaron categóricamente la existencia de una deuda fiscal real. Ellos aseguran que las represalias contra diario El Faro buscan silenciar sus recientes investigaciones periodísticas. El periódico publicó un documental detallando supuestos pactos criminales entre Bukele y las maras. Según la investigación periodística, estos acuerdos secretos se rompieron definitivamente en el año 2022.

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Tras la ruptura de dichos pactos, el gobierno salvadoreño inició una guerra frontal contra las estructuras criminales. Esta ofensiva se mantiene bajo un régimen de excepción vigente de forma ininterrumpida. El operativo estatal generó la captura de aproximadamente 92 mil personas sin orden judicial previa. Un grupo de juristas internacionales ha señalado estas acciones continuas como posibles crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el presidente Nayib Bukele rechaza enfáticamente haber pactado con pandilleros para llegar al poder en 2019.

El impacto internacional de las represalias contra diario El Faro

La redacción de este medio independiente opera desde el exilio desde hace un año por motivos de seguridad. A través de un comunicado oficial emitido desde San Salvador, la empresa advirtió sobre la radicalización del gobierno. Señalaron que el Estado salvadoreño actúa como una dictadura al proceder contra los accionistas de medios críticos. Aseguran que la medida estatal busca garantizar el eventual pago de obligaciones fiscales cuestionables para justificar el embargo.

Organizaciones de derechos humanos monitorean este conflicto directo entre la prensa independiente y la presidencia salvadoreña. La confrontación revela las severas tensiones políticas que atraviesa la nación centroamericana en la actualidad. La concentración de poder del oficialismo continúa generando fuertes alertas en la comunidad internacional y regional.

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