Uribe respalda freno regional a emergencia

Uribe cuestiona emergencia económica de Petro
El expresidente Álvaro Uribe Vélez intervino nuevamente en el debate político y fiscal al afirmar que los gobernadores pueden acudir a la figura constitucional conocida como excepción de inconstitucionalidad para no aplicar la emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde su perspectiva, la medida afecta de forma directa las finanzas de departamentos y municipios, lo que limita su capacidad para cumplir compromisos básicos con la población.

Durante un pronunciamiento público, Uribe señaló que los mandatarios regionales enfrentan un escenario complejo debido a decisiones tomadas desde el nivel central. Según explicó, las disposiciones fiscales recientes reducen ingresos locales y trasladan presiones financieras a las entidades territoriales. En ese contexto, consideró legítimo que los gobernadores busquen herramientas jurídicas para proteger la autonomía consagrada en la Constitución.

Críticas al manejo fiscal del Gobierno
El exjefe de Estado sostuvo que la Constitución colombiana permite a las autoridades abstenerse de aplicar normas que consideren contrarias al orden constitucional, sin necesidad de esperar un fallo previo de la Corte Constitucional. A partir de ese argumento, pidió que el Gobierno nacional abra un diálogo amplio con alcaldes y gobernadores, sin importar su origen político, para revisar el impacto real de la emergencia económica.

Además, Uribe expresó comprensión frente a la posición de los mandatarios locales. A su juicio, las decisiones fiscales del Ejecutivo, sumadas a altos impuestos y un manejo ineficiente de los recursos, están dejando sin rentas suficientes a las regiones. En consecuencia, cuestionó cómo podrán cumplir sus obligaciones si no cuentan con ingresos estables para financiar servicios como salud, programas sociales y deporte.

Reacción del Gobierno nacional
Tras estas declaraciones, la respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. Desde la Casa de Nariño, funcionarios advirtieron que cualquier intento de desconocer el decreto de emergencia económica podría tener consecuencias jurídicas. El ministro de Justicia encargado calificó como improcedente que los gobernadores pretendan aplicar la excepción de inconstitucionalidad de manera generalizada, al señalar que esa facultad no sustituye el control de la Corte Constitucional.

Por su parte, el ministro del Interior afirmó que los mandatarios que llamen a no cumplir la norma podrían incurrir en responsabilidades legales. También advirtió que, en caso de bloquear la aplicación del decreto, las regiones tendrían que asumir con recursos propios el faltante de recaudo que dejaría de percibir la Nación.

Conflicto abierto con las regiones
Este choque se profundizó tras una reciente cumbre de gobernadores en Bogotá. En ese encuentro, una mayoría de mandatarios departamentales manifestó su rechazo a la emergencia económica al considerar que vulnera la autonomía territorial y pone en riesgo la estabilidad financiera regional. Para el Gobierno, la medida busca recaudar recursos destinados a cubrir deudas del sistema de salud y compromisos externos. Para las regiones, implica una amenaza directa a sus ingresos.

Entre los puntos más controvertidos destacan los cambios en impuestos al consumo, como el aumento del IVA a licores y ajustes al gravamen del tabaco. Gobernadores advirtieron que estas modificaciones podrían incentivar el contrabando y reducir el recaudo efectivo. Mientras tanto, el debate político y jurídico continúa, con un pulso abierto entre el Ejecutivo y las autoridades territoriales.