Proceso disciplinario Procuraduría contra altos funcionarios

Investigación inicia tras escándalo de filtraciones

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario Procuraduría contra dos altos funcionarios del Ejército y de Inteligencia, tras el escándalo de los archivos de ‘Calarcá’. La investigación busca esclarecer la posible filtración de información clasificada y determinar responsabilidades.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, explicó que el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera y el director de Inteligencia Estratégica Wilmar Mejía continúan en sus cargos mientras se desarrolla la investigación. Eljach detalló que el proceso apenas comienza y que las decisiones se ajustarán conforme avance la recopilación de pruebas y documentos.

Detalles del caso y alcance de la investigación

Según la Procuraduría, los funcionarios podrían haber filtrado datos sobre movimientos de tropas y operaciones contra grupos armados. La investigación también analizará si apoyaron a terceros en la creación de empresas de seguridad privada, lo que podría haber permitido el porte de armas y preparación ante eventuales cambios en negociaciones gubernamentales.

La Sala Disciplinaria de Instrucción inició la revisión de pruebas y documentos que permitan confirmar los hechos. Este proceso busca determinar si Huertas y Mejía actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad o si cometieron irregularidades que ameriten sanciones. La Procuraduría ha enfatizado que tomará medidas conforme se obtenga evidencia suficiente.

Declaraciones de los funcionarios investigados

Wilmar Mejía negó cualquier vínculo con grupos armados y reiteró su disposición a colaborar con la investigación. Durante una entrevista, afirmó: “Quiero ser transparente y no me voy a esconder”. Además, expresó su respeto por la solicitud del presidente para realizar un examen forense a los chats involucrados en el caso de los archivos.

Por su parte, Huertas permanece en espera de la resolución de la Procuraduría. Ambos funcionarios continúan cumpliendo con sus responsabilidades mientras las autoridades recopilan pruebas y documentos para evaluar la conducta de cada uno.

Impacto y próximos pasos

El proceso disciplinario tiene como objetivo garantizar la transparencia en el manejo de información sensible y reafirmar la obligación de los servidores públicos de actuar con diligencia. La Procuraduría señaló que la investigación busca no solo establecer responsabilidades, sino también fortalecer la confianza en las instituciones de control y seguridad.

Las decisiones finales se tomarán en la medida en que se recopilen todas las pruebas, y se espera que las resoluciones determinen medidas correctivas o sanciones según corresponda. La investigación continuará durante las próximas semanas.