¿Qué ocurrió en la residencia del ministro?
El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a estar en el centro de la polémica tras denunciar que su teléfono celular pudo ser intervenido horas después de que la magistrada Cristina Lombana ordenara un allanamiento en su vivienda de Barranquilla.
El funcionario aseguró que notó irregularidades en su cuenta de WhatsApp, pues más de 2.000 chats sin leer aparecieron abiertos, lo que lo llevó a sospechar de una posible interceptación ilegal.
A través de su cuenta de X, Benedetti cuestionó la legalidad de las actuaciones judiciales:
“¿A mí me pueden allanar e interceptar el teléfono sin que exista un juez de garantías?”, escribió.
El operativo, realizado por cerca de 30 agentes de la fuerza pública, generó fuertes críticas por parte del ministro, quien afirmó que los uniformados ocultaron sus rostros y no portaban placas visibles durante el procedimiento.
¿Por qué acusa a la magistrada Lombana?
Benedetti arremetió directamente contra Cristina Lombana, a quien calificó de actuar con abuso de poder y persecución judicial. El ministro recordó que la Corte Suprema de Justicia solo investiga a congresistas, y sostuvo que ya no ocupa ese cargo desde hace más de tres años, por lo que considera que la togada carece de competencia para adelantar el proceso.
En un video difundido en redes sociales, Benedetti declaró:
“Ha investigado a 50 familiares míos, incluidos mis hijos menores, y ha seguido mis movimientos financieros. Esa señora está obsesionada conmigo”.
El ministro adelantó que acudirá a instancias internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar lo que considera una violación a sus garantías procesales.
¿Qué implicaciones tiene esta denuncia?
El episodio ocurre en medio de un ambiente político tenso y agrava las fricciones entre el Ejecutivo y el poder judicial. Benedetti pidió a los medios de comunicación seguir de cerca el proceso, al insistir en que el país debe conocer los motivos y resultados del allanamiento.
El ministro también expresó su preocupación personal, ya que durante el operativo sus dos hijos menores se encontraban en la casa. Además, recordó que días antes había denunciado la presencia de drones sobrevolando su vivienda, hecho que consideró una amenaza a su seguridad y privacidad.
Hasta el momento, la magistrada Lombana no ha respondido públicamente a las acusaciones, mientras el caso continúa generando debate sobre los límites del poder judicial y la protección de la privacidad en las investigaciones oficiales.
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