Manifestantes y policías se enfrentan en Quito
En Ecuador, las calles de Quito se convirtieron en escenario de tensión luego de que manifestantes intentaran ingresar al Palacio de Carondelet en rechazo a la eliminación de los subsidios al diésel. Un grupo lanzó piedras contra los agentes, quienes respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Durante los disturbios, una mujer sufrió lesiones en la cabeza, según reportaron medios locales.
La confrontación se extendió a varias calles cercanas, donde transportistas y agricultores bloquearon vías principales. Las autoridades señalaron que estas acciones interrumpieron la circulación y afectaron el abastecimiento en mercados. A pesar de los llamados al diálogo, las movilizaciones ganaron fuerza con la participación de sindicatos y colectivos indígenas.
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Gobierno decreta estado de emergencia
El presidente Daniel Noboa decretó estado de emergencia en siete provincias, entre ellas Pichincha, Carchi y Azuay, para contener lo que calificó como una amenaza al orden público. La medida restringe el derecho de reunión y otorga a la policía y a las fuerzas armadas un papel central en la seguridad.
Noboa afirmó que la violencia en las calles vulnera la libertad de movimiento, el trabajo y la actividad económica. La eliminación del subsidio, que representaba un gasto de 1.100 millones de dólares anuales, elevó el precio del galón de diésel de 1,80 a 2,80 dólares. La decisión desató un inmediato rechazo de transportistas y agricultores, quienes acusan al Ejecutivo de agravar la crisis social.
El gobierno defendió la reforma al señalar que busca equilibrar las finanzas estatales y destinar recursos a programas sociales. Sin embargo, el anuncio no logró calmar los ánimos en sectores movilizados, que consideran la medida un golpe directo a sus ingresos.
Movilización indígena y planes de compensación
Frente al malestar, las autoridades presentaron compensaciones en efectivo para transportistas, además de programas de apoyo social y la entrega de tractores para comunidades agrícolas. No obstante, líderes sindicales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas advirtieron que intensificarán las protestas, acusando al gobierno de poner a prueba “la paciencia popular”.
El Ejecutivo respondió que no revertirá la decisión y reiteró que las compensaciones buscan reducir el impacto en los grupos más afectados. Mientras tanto, la tensión sigue en aumento y el futuro del conflicto depende de si ambas partes logran abrir un espacio de negociación.
En este contexto, Ecuador enfrenta días de incertidumbre marcados por la disputa entre las demandas sociales y la estrategia gubernamental para sostener sus finanzas públicas. La ciudadanía permanece a la expectativa, mientras los enfrentamientos y las protestas ponen a prueba la estabilidad del país.
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