Sentencia obliga al Estado peruano a garantizar tratamientos
El Poder Judicial de Perú emitió una resolución que obliga al Ministerio de Salud (MINSA) a asegurar el abastecimiento y la entrega gratuita de medicamentos de primera línea contra el VIH en todo el territorio nacional. La decisión responde a una demanda interpuesta por diversas organizaciones civiles que denunciaron el desabastecimiento de antirretrovirales y el riesgo que esto representa para la salud de miles de personas.
La magistrada Sara Meza Soria, del Primer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, ordenó al MINSA cumplir con la resolución ministerial de 2020 que aprobó la norma técnica de salud denominada “Atención Integral del Adulto con Infección por VIH”. Con ello, el Estado deberá garantizar la provisión de los fármacos Tenofovir, Lamivudina y Dolutegravir, reconocidos como esenciales en el tratamiento de la enfermedad.
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Organizaciones celebran la victoria legal
La sentencia representa un triunfo para colectivos como Givar, primer observatorio en VIH de Perú, y Promsex, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Ambos grupos, junto a AIS Perú, presentaron la demanda tras documentar la falta de medicamentos en los servicios de salud públicos.
Desde su cuenta en la red social X, Givar calificó la decisión como una “victoria ciudadana” y subrayó que “el VIH no mata, pero sí el desabastecimiento”. Por su parte, Promsex destacó que el fallo constituye un “precedente histórico” en la defensa de los derechos humanos, al reforzar principios como la igualdad, la no discriminación y el acceso efectivo a la salud.
Las organizaciones llamaron al Ejecutivo y a las autoridades sanitarias a actuar con responsabilidad, transparencia y urgencia, con el fin de que ninguna persona vea interrumpido su tratamiento ni afectado su derecho a la vida.
Estado deberá acatar fallo de cumplimiento inmediato
El juzgado precisó que el MINSA mostró un cumplimiento parcial de la norma, lo que constituye una vulneración directa al derecho a la salud y a la vida. En consecuencia, estableció que la disposición resulta vigente, clara e incondicional, por lo que no admite excusas que retrasen su ejecución.
Con esta sentencia, el Poder Judicial refuerza la obligación del Estado peruano de garantizar el acceso universal a los medicamentos contra el VIH, al tiempo que envía un mensaje firme sobre la necesidad de proteger a las poblaciones más vulnerables mediante políticas de salud inclusivas y sostenidas.
La resolución marca un hito en la lucha por la atención integral a las personas que viven con VIH en Perú, y abre un nuevo capítulo en la defensa del derecho a la salud en el país.
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