Acuerdo revelado en documentos judiciales
El Gobierno de Estados Unidos entregó 4,76 millones de dólares a El Salvador a cambio de recibir a más de 200 migrantes deportados, según documentos judiciales difundidos recientemente. El acuerdo, firmado entre las administraciones de Donald Trump y Nayib Bukele, permanecía desconocido hasta ahora y salió a la luz como parte de una demanda presentada por el grupo de derechos civiles Democracy Forward.
La carta oficial, fechada el 22 de marzo de 2025, proviene del Departamento de Estado estadounidense y detalla que los fondos debían utilizarse únicamente en apoyo logístico y penitenciario. En específico, estaban destinados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel señalada internacionalmente por denuncias de abusos a derechos humanos.
Además, el documento establece condiciones claras: los recursos no podían emplearse para brindar asesoría legal a solicitantes de asilo en EE.UU., ni para referirlos a abogados. También se prohibió destinarlos a programas de salud reproductiva o a proyectos relacionados con la UNRWA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos.
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Condiciones y limitaciones del pacto
El texto de la misiva especifica que este acuerdo no genera compromisos bajo el derecho internacional. En caso de conflicto, las diferencias solo podrían resolverse mediante consultas diplomáticas directas entre ambos gobiernos.
De acuerdo con Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, la correspondencia demuestra que la administración Trump no implementó garantías efectivas para proteger a los migrantes trasladados al CECOT, quienes enfrentaron riesgos de confinamiento indefinido y posibles actos de tortura. No obstante, señaló que el acuerdo sí mostró una especial insistencia en limitar el uso de los fondos en áreas humanitarias.
Los documentos confirman también que en marzo pasado, más de 200 venezolanos fueron enviados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de que una orden judicial lo prohibía. Todos fueron recluidos en la megacárcel salvadoreña, acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.
Impacto judicial y político
Entre los deportados figuraba Kilmar Ábrego García, un salvadoreño expulsado por error desde EE.UU., que se convirtió en símbolo de la oposición a las estrictas políticas migratorias del expresidente republicano. Su caso alimentó críticas hacia la estrategia implementada por Washington en coordinación con San Salvador.
El 3 de septiembre, un tribunal federal de apelaciones resolvió que Trump no puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar deportaciones de migrantes. Esta decisión abre el camino hacia un eventual pronunciamiento de la Corte Suprema, lo que podría redefinir el alcance legal de la norma y el futuro de las políticas migratorias de Estados Unidos.
En medio de este panorama, la revelación del acuerdo evidencia las tensiones políticas y diplomáticas que aún persisten alrededor del control migratorio y la cooperación internacional en temas de seguridad y derechos humanos.
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