Reclamos frente al Congreso argentino
Jubilados argentinos volvieron a manifestarse este miércoles frente al Parlamento, en Buenos Aires, como parte de su protesta semanal. Esta vez, acompañados por colectivos sociales también afectados por las políticas del presidente Javier Milei, exigieron mejoras en sus condiciones de vida y denunciaron el veto presidencial a una ley que buscaba aumentar sus ingresos.
La tensión creció durante la jornada cuando efectivos de seguridad arrojaron gas pimienta a los manifestantes. Algunos adultos mayores sufrieron las consecuencias directas, entre ellos María Rosa Ojeda, de 69 años, quien se desmayó tras ser rociada en el rostro. “Me cansé de que golpeen a los jubilados. Un jubilado es como un niño, es indefenso”, expresó con indignación.
En el lugar, también se escucharon voces como la de Jesús Fajardo, jubilado de 67 años, quien aseguró: “Venimos a pelear por un montón de derechos que nos ha sacado este Gobierno. El pueblo está harto de los políticos mentirosos”.
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Ingresos por debajo de la línea de pobreza
Los 7,4 millones de jubilados que hay en Argentina representan el 15,7 % de la población. De ellos, el 63,5 % cobra la jubilación mínima, que en agosto es de 314.300 pesos (unos 233 dólares). Aunque se suma un bono de refuerzo de 70.000 pesos, este monto está congelado desde marzo de 2024 y no compensa la fuerte inflación.
Según datos oficiales, una persona con vivienda propia necesita 365.177 pesos para no caer en la pobreza. Sin embargo, la Defensoría de la Tercera Edad de Buenos Aires estima que los adultos mayores requieren al menos 1.200.523 pesos (892 dólares) mensuales, ya que enfrentan gastos adicionales, sobre todo en salud.
“Este Gobierno nos está dejando sin nada”, lamentó María Rosa. “Todos tienen la culpa y el pueblo argentino más, porque no somos unidos”.
El Congreso define el futuro del aumento
El pasado 10 de julio, el Congreso aprobó una ley que establecía un aumento de emergencia del 7,2 % en las jubilaciones y actualizaba el bono a 110.000 pesos. Pero Milei vetó la ley por decreto, alegando que afectaba su política de déficit cero.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la medida vetada tendría un costo fiscal anual del 0,79 % del PIB. Ahora, el Parlamento deberá decidir si revierte el veto o lo convalida, en un contexto político inestable.
Mientras tanto, los jubilados siguen protestando. “Tenemos que seguir luchando, saliendo a la calle y bregando por todos nuestros derechos”, insistió Fajardo.
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