El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa volvió a quedar bajo custodia horas después de recuperar su libertad. La detención ocurrió la noche del domingo en Caracas, cuando un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos de civil interceptó al político en la urbanización Los Chorros, de acuerdo con testimonios de familiares y aliados. La acción generó acusaciones de secuestro contra autoridades del régimen venezolano, mientras la fiscalía informó después que solicitó arresto domiciliario por un presunto incumplimiento de las condiciones de excarcelación.
Guanipa, figura central del partido Primero Justicia, integró el grupo de presos políticos liberados ese mismo día, en un movimiento que el Gobierno presentó como respuesta a exigencias internacionales. Tras salir del centro de detención, el opositor difundió un mensaje público en el que habló del presente y futuro de Venezuela y reiteró su compromiso con la verdad.
¿Cómo se desarrolló la detención?
Según la líder opositora María Corina Machado, quien permanece fuera del país, al menos cuatro vehículos participaron en la operación. En redes sociales, el hijo del dirigente, Ramón Guanipa, afirmó que su padre asistía a un evento cerca de la medianoche cuando un grupo de aproximadamente 10 agentes sin identificación lo rodeó y lo obligó a subir a uno de los vehículos. El joven exigió pruebas de que su padre se encuentra con vida.
El partido Primero Justicia responsabilizó a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello por cualquier daño a la integridad del dirigente. La fiscalía, por su parte, sostuvo que Guanipa violó condiciones impuestas tras su liberación, sin detallar los elementos específicos del señalamiento.
Guanipa pasó más de ocho meses en prisión tras su arresto en mayo de 2025, luego de acusaciones oficiales sobre un supuesto plan contra elecciones regionales y legislativas, cargos que el opositor negó de forma reiterada. Organizaciones como Foro Penal confirmaron la liberación de al menos 30 detenidos ese domingo y señalaron que cientos aún permanecen encarcelados.
El Gobierno niega la existencia de detenciones por motivos políticos y asegura que los casos responden a delitos comunes. Las recientes excarcelaciones coinciden con promesas oficiales de amnistía y reconciliación nacional, aunque familiares y defensores de derechos humanos cuestionan el ritmo y el alcance del proceso.
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