El Gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás en la actualización de la metodología para medir la inflación en Argentina, a pesar de haber anunciado el cambio meses atrás y de haberlo incluido como compromiso técnico ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión se conoció a pocos días de difundirse el dato inflacionario de enero y en medio de una racha de nueve meses consecutivos con aumentos de precios.
La medida generó ruido político, tensiones con organismos internacionales y derivó en la renuncia del titular del INDEC, encargado de diseñar el nuevo índice. Aunque el Ejecutivo descarta cualquier manipulación estadística, el retroceso reavivó viejos temores sobre la credibilidad de los números oficiales.
¿Por qué el Gobierno decidió postergar el cambio?
La reforma buscaba actualizar la canasta de consumo y las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor, que todavía se basan en hábitos relevados en 2004. El nuevo esquema otorgaba mayor peso a rubros como vivienda, transporte y servicios, sectores que registraron fuertes subas tras los ajustes tarifarios impulsados por la actual administración.
Especialistas y actores del mercado coincidían en que la nueva metodología habría arrojado una inflación más elevada que la actual. Ese posible impacto encendió alertas dentro del Gobierno, que intenta consolidar la narrativa de una desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de su programa económico.
Desde el Ejecutivo argumentaron que introducir el nuevo índice en este contexto podría distorsionar la lectura del proceso de desinflación y generar incertidumbre en las expectativas económicas.
¿Qué consecuencias tuvo la decisión?
El giro provocó la salida de Marco Lavagna, entonces titular del INDEC, tras desacuerdos con el Ministerio de Economía sobre el momento político para aplicar el cambio. Su renuncia volvió a poner en discusión la autonomía del organismo estadístico y encendió críticas desde distintos sectores.
Además, la postergación tensó la relación con el FMI, que había recomendado modernizar la medición como parte de los compromisos asumidos en el acuerdo firmado en abril de 2025. Para el organismo, contar con estadísticas actualizadas resulta clave para evaluar la evolución real de la inflación.
Economistas advierten que frenar el cambio en la antesala de una auditoría internacional envía una señal negativa a los mercados y debilita la confianza institucional.
¿Desprolijidad técnica o cálculo político?
El economista Francisco Cantamutto calificó la decisión como una “desprolijidad costosa” y sostuvo que frenar el cambio a último momento transmite la idea de que los resultados no favorecían al Gobierno. Según sus estimaciones, con la nueva canasta la inflación acumulada desde la asunción de Milei podría resultar entre 30% y 40% más alta, lo que impactaría en salarios, paritarias y tarifas.
Otros analistas, como Eduardo Jacobs, defendieron la postergación al considerar que cualquier modificación en este contexto se interpretaría como manipulación. Para él, la prioridad debe centrarse en bajar la inflación, y recién después avanzar con reformas estructurales.
Mientras tanto, la discusión permanece abierta. Aunque el Gobierno insiste en que el cambio llegará más adelante, la decisión dejó en evidencia que, en Argentina, la inflación no solo se mide: también se disputa políticamente.
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