JNJ evalúa destitución de fiscal

Informe propone sanción máxima

La destitución de Delia Espinoza quedó bajo evaluación del Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) luego de que su presidenta, María Teresa Cabrera, presentara un informe que recomienda aplicar la sanción más severa contra la actual fiscal de la Nación. El documento sostiene que Espinoza incurrió en faltas muy graves al no ejecutar una resolución de la propia JNJ que ordenaba restituir a Patricia Benavides en el cargo.

El informe, de 44 páginas, se elevó formalmente al Pleno y ahora abre la etapa decisiva del procedimiento disciplinario. A partir de este punto, la JNJ deberá convocar a una audiencia antes de resolver si acoge o no la recomendación planteada por su presidenta. Mientras tanto, el caso continúa generando debate jurídico e institucional debido al alcance de la medida y a la participación directa de Cabrera en el proceso.

Señalamientos incluidos en el documento

En el texto, Cabrera afirma que los hechos atribuidos a Espinoza se encuentran debidamente acreditados. Entre los principales cargos figura el presunto desacato a la resolución de la JNJ que disponía la reposición de Benavides como fiscal de la Nación. Según el informe, esa orden exigía cumplimiento inmediato y no admitía interpretaciones ni trámites previos.

Además, el documento cuestiona que Espinoza no recibiera a Benavides cuando esta acudió al Ministerio Público el 16 de junio y que, en su lugar, convocara a una sesión de la Junta de Fiscales Supremos. También se le atribuye haber permitido acciones internas que, según la JNJ, obstaculizaron la ejecución de la resolución, como la permanencia de personal fiscal y administrativo durante una vigilia realizada fuera del horario laboral.

De acuerdo con Cabrera, estas conductas comprometieron deberes esenciales del cargo y afectaron el orden constitucional que la JNJ debe resguardar. Por ello, considera que una suspensión o amonestación no resultaría suficiente frente a la gravedad de los hechos señalados.

Argumentos de la presidenta de la JNJ

El informe sostiene que la sanción de destitución se justifica para preservar la autoridad de las decisiones del órgano constitucional. Cabrera señala que Espinoza no podía condicionar, diferir ni reinterpretar los efectos de la resolución que ordenaba la reposición de Benavides. En ese sentido, interpreta que la falta de actos administrativos para cumplir la orden evidencia una voluntad de no acatarla.

Asimismo, el documento califica como uso indebido de las instalaciones del Ministerio Público la vigilia realizada por trabajadores y fiscales. Aunque reconoce que no se acreditó una orden directa de Espinoza, el informe cuestiona que no se adoptaran medidas para restablecer el funcionamiento regular de la institución.

Cuestionamientos al procedimiento

El caso también plantea interrogantes sobre el rol de María Teresa Cabrera en el proceso. El informe tiene fecha del 14 de enero, cuando ella ya ejercía como presidenta de la JNJ y no integraba la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios. El reglamento interno establece que la propuesta de sanción debe provenir de un miembro de dicha comisión, lo que podría abrir un nuevo debate legal.

En paralelo, el procedimiento disciplinario tuvo un recorrido previo marcado por decisiones judiciales. Inicialmente, un juez suspendió el proceso al considerar que se vulneraron derechos de Espinoza. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto esa suspensión de manera provisional al otorgar una medida cautelar a la JNJ.

Escenario abierto en el Pleno

Con el informe ya presentado, el Pleno de la JNJ deberá escuchar los descargos correspondientes y analizar los argumentos expuestos antes de emitir una decisión final. El resultado tendrá implicancias directas en la conducción del Ministerio Público y en el equilibrio entre los órganos constitucionales del Estado.

Mientras se desarrolla esta etapa, el caso se mantiene como uno de los episodios institucionales más relevantes del inicio de año, tanto por la gravedad de la sanción propuesta como por las tensiones que revela entre la JNJ y la Fiscalía de la Nación.