Vizcarra recibe sentencia de 14 años por corrupción

¿Qué resolvió la justicia peruana?

El Poder Judicial de Perú condenó a Martín Vizcarra a 14 años de prisión tras concluir que recibió sobornos cuando gobernó la región de Moquegua entre 2011 y 2014. La sentencia señala que el exmandatario obtuvo cerca de 676,000 dólares de empresas constructoras a cambio de entregarles dos obras públicas. Durante el proceso, Vizcarra aseguró que enfrenta una persecución política y negó cualquier acto ilícito. El juicio comenzó en octubre del año pasado y examinó contratos, testimonios y documentos que, según la fiscalía, acreditan los pagos irregulares.

¿Qué impacto genera esta condena en la política nacional?

La decisión surge en un escenario donde Perú mantiene una marcada inestabilidad institucional. El país acumula tres expresidentes en prisión y arrastra varias investigaciones contra otros exmandatarios. La condena a Vizcarra ocurre mientras su hermano mayor, Mario Vizcarra, se prepara para competir en las elecciones presidenciales de 2026 por el partido Perú Primero, agrupación en la que el expresidente participa como asesor. Esta situación podría influir en la campaña y en el posicionamiento del partido frente al electorado.

Además, Vizcarra obtuvo la mayor votación legislativa en 2021; sin embargo, el Congreso lo inhabilitó por 10 años debido al cierre del Parlamento en 2019. Ese episodio profundizó la polarización política y generó cuestionamientos sobre el manejo del poder en su gobierno.

¿Qué revela este caso sobre la crisis institucional del país?

El proceso contra Vizcarra confirma la fragilidad política que Perú arrastra desde hace varios años. Desde 2018, el país ha tenido seis presidentes, algunos por renuncias y otros por destituciones vinculadas a sospechas de corrupción. Las protestas sociales y el deterioro de la confianza ciudadana acompañan este ciclo de cambios constantes en el poder.

El sistema judicial mantiene procesos contra figuras de alto perfil. Alejandro Toledo enfrenta dos condenas; Ollanta Humala recibió 15 años de cárcel por lavado de activos; y Pedro Castillo permanece en prisión preventiva mientras espera un juicio por presunta rebelión. Con la condena a Vizcarra, el mapa político vuelve a mostrar tensiones entre la justicia y los liderazgos nacionales.

El caso evidencia un problema estructural: la relación conflictiva entre los gobernantes y la legalidad. La sentencia contra Vizcarra no solo modifica su futuro político, sino que también refuerza la percepción de un país que lucha por consolidar instituciones sólidas y confiables.