Perú intensifica acciones contra Betssy Chávez

¿Por qué se ordenó su captura internacional?

El Poder Judicial de Perú ordenó este viernes la captura internacional de Betssy Chávez, ex primera ministra, y decretó cinco meses de prisión preventiva en su contra. La exfuncionaria permanece desde hace más de dos semanas en la embajada de México en Lima, donde solicitó protección diplomática. Las autoridades peruanas sostuvieron que existen elementos suficientes para considerar un riesgo de fuga, por lo que avanzaron en la decisión judicial.

Aunque Chávez se encuentra bajo resguardo diplomático, el juez Juan Carlos Checkley afirmó que el proceso requiere asegurar su presencia en el juicio oral. Según la resolución, el presunto peligro de que la acusada evite el procedimiento resulta “palpable”. Además, el caso se mantiene bajo supervisión de la Fiscalía Suprema Anticorrupción, que impulsa la acusación por rebelión y, de manera alternativa, conspiración en agravio del Estado peruano.

¿Qué implica la ruptura diplomática con México?

El conflicto escaló después de que el gobierno de México otorgó asilo a Chávez. Como consecuencia, Perú rompió relaciones diplomáticas al considerar la decisión una intervención directa en sus asuntos internos. El anuncio profundizó la tensión bilateral, la cual ya había comenzado tras la salida de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Además, ambos países retiraron a sus embajadores y redujeron el diálogo institucional al mínimo. El gobierno peruano también comunicó el 7 de noviembre su intención de impulsar una revisión regional del marco jurídico sobre asilo diplomático, con el objetivo de evitar interpretaciones que, en su opinión, puedan afectar procesos judiciales internos. Este planteamiento generó nuevas discusiones en el ámbito internacional sobre los límites y alcances del resguardo diplomático.

Mientras tanto, Chávez continúa a la espera de un salvoconducto que le permita salir de territorio peruano. Sin embargo, el gobierno reiteró que no facilitará su desplazamiento mientras exista una orden judicial vigente.

¿Cómo avanza el proceso judicial?

El juicio contra Chávez inició en marzo de 2025 y la Fiscalía sostiene que la ex primera ministra participó en el intento de quiebre institucional impulsado por Castillo. De acuerdo con las acusaciones, Chávez habría apoyado decisiones que buscaban evitar la destitución del entonces mandatario. El proceso contempla una pena máxima de 25 años de prisión si el tribunal acredita los delitos imputados.

Conforme avanzan las diligencias, las autoridades peruanas intentan garantizar que la acusada enfrente el juicio. Por ello, el Poder Judicial emitió las órdenes de búsqueda tanto a nivel nacional como internacional. Aunque la defensa sostiene que Chávez enfrenta una persecución política, el Ministerio Público recalca que las acusaciones responden a hechos documentados durante la crisis institucional de 2022.

La situación mantiene un ambiente diplomático y judicial tenso. Perú insiste en que la exfuncionaria debe responder ante la justicia, mientras México sostiene que el asilo se apega a normas internacionales. Por ahora, el caso continúa abierto y sin una solución inmediata.