El presidente José Jerí confirmó que su gobierno aún no ha tomado una decisión sobre la entrega del salvoconducto solicitado por México para la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece en la Embajada mexicana en Lima tras recibir asilo político.
En declaraciones a Canal N, Jerí aseguró que el Ejecutivo mantiene una postura cauta y que el tema se revisa junto con la Cancillería. “Lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema de salvoconducto”, señaló. Añadió que Perú respeta los tratados internacionales, pero también reconoce las deficiencias del sistema de asilo.
El mandatario explicó que, mientras no exista una resolución formal, Betssy Chávez no podrá salir del país ni viajar a México. “Al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar. El efecto práctico es ese”, subrayó.
¿Qué postura mantiene el Gobierno peruano sobre el asilo político?
Jerí mencionó que el canciller peruano presentó propuestas de modificación a los mecanismos internacionales de asilo con el fin de evitar su mal uso. “El canciller ha hecho un pronunciamiento con propuestas de modificación para que no se tergiverse la figura del asilo”, indicó.
Consultado sobre la situación de Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México en Perú, el presidente dijo que esa información corresponde a la Cancillería, que es la entidad “responsable de dar seguimiento a las disposiciones establecidas”.
El Ejecutivo reiteró que, mientras no haya una decisión oficial, Chávez permanecerá dentro de la sede diplomática mexicana, sin posibilidad de abandonar el país.
¿Qué propone Perú ante la OEA?
El Gobierno peruano anunció que presentará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo político en la región.
Según un comunicado de la Cancillería, el objetivo es evitar el uso indebido de esta norma, cuyo propósito original es proteger a personas perseguidas por motivos políticos, pero que, según Perú, se ha distorsionado con el tiempo.
El Ejecutivo sostiene que algunos países han otorgado asilo a personas procesadas por delitos comunes, argumentando persecución política. En su pronunciamiento, el Gobierno expresó su malestar y rechazo ante lo que considera una desnaturalización del derecho de asilo, afirmando que “no debe usarse para liberar a personas que hayan delinquido de las decisiones judiciales”.
Finalmente, la Cancillería adelantó que el Perú continuará con las gestiones diplomáticas y que los resultados de las consultas serán comunicados antes de adoptar una decisión definitiva sobre el salvoconducto de Betssy Chávez.
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